Molino Cañuelas rechaza «por falta de sustento» resolución de la Secretaría de Comercio

Molino Cañuelas rechazó «por falta de sustento e ilegal la Resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior, a instancia de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (“CNDC”) por la cual se impone una multa a la empresa y a otras entidades del sector molinero».

«La denuncia tiene su origen en 2015 y se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó, el cual tenía como finalidad evitar que las grandes empresas vendan por debajo del costo de producción en perjuicio de las pequeñas empresas con menor capacidad financiera», agregaron.

Para la empresa, «la multa impuesta resulta ilegal por infundada, irracional y exorbitante, ya que se basa en un acuerdo que nunca se aplicó, y toma como base de imposición los supuestos beneficios que habría recibido MC por dicho acuerdo».

«La sanción recae sobre FAIM, la industria molinera en general, y en MC en particular, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que MC no tiene por si sola la facultad de decisión (más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la comisión directiva), al igual que sorprendió que la resolución se dictó luego de más de 7 años en donde se aportaron todas las pruebas que fundamentan nuestra posición», aclararon.

Y finalizaron: «MC interpondrá los recursos judiciales correspondientes con la convicción de que la multa será revocada, en la medida que, entre otras cuestiones, ni siquiera existió la aplicación del acuerdo que se pretende sancionar».

La Secretaría de Comercio Interior sancionó a la empresa Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445.106.597, por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”.

Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, el mismo monto para FAIM; $93.974.602 para CIM y $51.131.995 para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Impulsar (Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales Sociedad Argentina) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).