Fuente, Ámbito Financiero
La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012. La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa porteña. Y la segunda fue un tuit de Javier Milei, que apuntó contra Axel Kicillof.
La noticia fue difundida este lunes 30 de junio por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. Sin embargo, a las pocas horas Ámbito accedió al fallo completo de 33 páginas de Preska (ver al final de la nota).
Lo primero que vale aclarar es que YPF no forma parte del juicio, ni del proceso judicial, sino que es uno de los «botines» del pleito entre privados y el Estado nacional. Es la moneda de cobro más a mano, ya que otras fueron desechadas. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales. El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, hjoy a cargo de Santiago María Castro Videla.
¿Qué resolvió la jueza Loretta Preska?
La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras Kicillof era ministro de Economía.
Sin embargo, ese proceso contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril del 2012 y no fue azarosa: un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Este es el verdadero botín que buscan el fondo litigante y quienes están detrás.
Qué reclama y qué ganó el fondo buitre Burford
El bufete de abogados inglés, especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia de marzo del 2023 en que la jueza de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El monto fue fijado en una segunda sentencia meses después.
La demanda principal de Burford se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.
Además, el fondo buitre alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
Así, en septiembre de 2023 la magistrada emitió una sentencia de primera instancia que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s16.099 millones por la forma en que se renacionalizó la petrolera, sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
El paquete accionario que Loretta Preska pretende que la Argentina le entregue a Burford fue adquirido por el Estado nacional a la española Repsol, pero que actualmente permanece bajo control estatal. La magistrada dio un plazo para la entrega de 14 días desde su firma.
¿Qué dijo el gobierno de EEUU sobre este caso?
Días después del segundo triunfo electoral del presidente Donald Trump en EEUU -y todavía bajo la administración de Joe Biden-, el Departamento de Justicia de EEUU se expidió en contra del argumento expresado por Burford, al señalar que el pedido de los demandantes «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos».
El temor del gobierno de Biden en ese entonces era que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotetético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.
Qué alcance tiene el fallo de Loretta Preska
El fondo Burford ya había intentado quedarse con acciones y activos del Banco Nación de Argentina, Aerolíneas Argentinas y hasta del Banco Central de la República Argentina como forma de pago, pero no tuvo éxito.
Una de las opciones que tienen los abogados defensores de Argentina es apelar la sentencia, y tratar de escalar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Otra alternativa es pedir una suspensión de la ejecución de la sentencia, y ganar tiempo en la apelación. Pero lo que la Justicia de EEUU y el fondo Burford buscan es negociar algún tipo de compensación y plan de pago de los u$s16.099 millones.
Fuentes vinculadas al «juicio del siglo» -como se lo estudia en varias universidades- revelaron a Ámbito que esta decisión de la jueza busca abrir un período de negociación con representantes del Estado nacional, luego que altos funcionarios pusieron el caso en stand by y no ofrecieron ninguna garantía de pago por los u$s16.099 millones.
Pero además, aseguran que cualquier tipo de entrega de acciones de YPF debería ser aprobada por el Congreso nacional, a través de una ley específica, porque así se renacionalizó, según el mandato constitucional del país. En este caso, sería el Gobierno nacional o algún legislador quien deba impulsar y presentar el texto de una norma que dé cumplimiento al fallo de Nueva York.
Y en caso de que el presidente Javier Milei decida cumplir con la sentencia de Preska y lo haga por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), las acciones -y el control de la petrolera de bandera- pasarían nuevamente a manos privadas si ese DNU es avalado por el Congreso. Nunca antes.
Desde el Palacio Legislativo también revelaron que el Presidente podriá solicitar un permiso especial por ley al Congreso para encarar una negociación con los fondos buitres ante la Justicia de EEUU y tratar de disminuir sensiblemente el monto del fallo, con vistas a cerrar un acuerdo de largo plazo.
Qué dijo Javier Milei tras el fallo por YPF
Con una publicación titulada «UN FALLO CONTRA KICILLOF», el presidente Javier Milei anunció que apelarán el fallo de la jueza. «Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», afirmó.
Qué clase de acciones ordenó la jueza transferir
Las acciones que ordenó traspasar son las Clase D de YPF, aquellas que se originaron a partir de la venta de acciones Clase A y Clase B al sector privado.
Las acciones Clase A pertenecían al Estado nacional, mientras que las Clase B eran propiedad de las provincias con yacimientos de hidrocarburos.
En la bolsa, estas acciones se negocian con el símbolo YPFD en Argentina y YPF en Nueva York.
Esta es la actual composición accionaria de YPF:
ACCIONISTAS CLASE A
Estado Nacional 3.764 (0,001%)
ACCIONISTAS CLASE B
Provincias 7.624 (0,002%)
ACCIONISTAS CLASE C
Fondo De Empleados 40.422 (0,010%)
ACCIONISTAS CLASE D
Estado Nacional 200.589.525 (51,000%)
Público 192.671.458 (48,987%)
Cuánto cayeron las acciones de YPF
Conocida la novedad, las acciones de YPF aceleraron su caída y perdieron 5,64% en Wall Street al caer de u$s33,24 a u$s31,45.
En el S%P Merval bajó 5% desde $39.700 a $38.100, aunque durante la jornada el desplome llegó a tocar $37.300.
Hoy el valor bursátil de la compañía no supera los u$s6.000 millones.
Otra sentencia que exige acciones YPF: es por el default del 2001
En paralelo, la jueza Preska también ordenó a la Argentina entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge, como contraparte del pago por la sentencia relacionada con el default de deuda del 2001 y su negativa a entrar al canje posterior.
Este conflicto -paralelo al del fondo Burford– involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa derivó en nuevos embargos.
Los fondos Bainbridge como Attestor Master, Trinity Investments, y Bison Bee LLC son tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes realizados por el país en 2005, 2010 y 2016, y que ahora buscan recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado nacional.
Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. Por estas deudas, la magistrada también ordenó entregar acciones de YPF.