El juez de la causa en Argentina solicitó a la cartera de Héctor Timerman que realice gestiones ante España para que le remita información del caso. Los hermanos Juliá y Matías Miret fueron detenidos en Barcelona cuando ingresaban a la nación ibérica con 944 kilos de cocaína escondidos en la aeronave.
El juez en lo penal económico Alejandro Catania solicitó a la Cancillería, cartera que comanda Héctor Timerman, que realice las gestiones necesarias para reclamarle a la justicia española el envío de información sobre la causa que investiga el contrabando de casi una tonelada de cocaína a ese país por parte de tres argentinos.
El dos de enero pasado, los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá junto con el piloto Matías Miret, llegaron a bordo de un jet a Barcelona donde fueron detenidos con 944 kilos de cocaína escondidos en el fuselaje de la aeronave.
Si bien aún no pudo determinarse con exactitud dónde se cargó la droga, todo indica que la sustancia fue escondida en el avión durante su estadía de dos meses en el aeropuerto de Morón. De allí se dirigió a Ezeiza donde partió hacia Cabo Verde (norte de África) y posteriormente a España.
El magistrado, con la intervención del secretario del juzgado Martín Castellano, pidió que en el término de 24 horas la Cancillería requiera a las autoridades españolas brinden explicaciones de los motivos de la demora en el envió de información hacia la Justicia argentina.
La causa desató una fuerte revuelo, porque los Juliá son hijos del fallecido brigadier retirado José Juliá, quien fue jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, mientras que Miret es hijo del brigadier José Miret, que fue secretario de Planeamiento durante la última dictadura militar.
Además, Gustavo Juliá afrontó denuncias en 2003 por presuntas irregularidades en su función como gerente económico-financiero del PAMI.
El jefe militar de la base de Morón, el comodoro Jorge Ayerdi, fue relevado de su cargo el pasado 21 de enero tras declarar ante el juez, quien tomó declaración a una veintena de miembros de la Fuerza Aérea y de la Administración Nacional de Aviación Civil.
Una semana después, el Gobierno aprobó un nuevo protocolo para reforzar los controles a aviones y aeropuertos en vuelos comerciales no regulares y de aviación general, principalmente los privados y los denominados «taxis aéreos».
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