La iniciativa aprobada en el Senado alcanza a quienes ocupen cargos electivos o políticos en los tres poderes del Estado. Los controles serían obligatorios al asumir, una vez por año, de manera aleatoria y ante denuncias fundamentadas
El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La iniciativa, conocida como “narcolemia” o narcotest, busca reforzar la transparencia institucional y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas ilegales entre quienes ocupan cargos de responsabilidad pública.
El proyecto fue impulsado por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa, y contempla a un amplio universo de funcionarios. Entre ellos se encuentran el gobernador y vicegobernador, ministros, integrantes de las cúpulas policiales, legisladores, magistrados, miembros del Ministerio Público de la Acusación y autoridades de organismos de control.
De acuerdo con el proyecto aprobado por el Senado, los estudios serán gratuitos y obligatorios y deberán realizarse en cuatro situaciones:
-Dentro de los primeros 30 días de asumir el cargo.
-Una vez al año, de manera periódica.
-En forma aleatoria, mediante un sistema de sorteo transparente.
-Ante denuncias concretas y debidamente fundamentadas.
Además, la iniciativa contempla que otros agentes de la administración pública provincial puedan acceder voluntariamente a los controles como una medida de prevención y autocuidado.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que un resultado positivo no implicaría automáticamente una sanción. La propuesta establece un abordaje de carácter no punitivo, con la intervención de un equipo interdisciplinario que deberá evaluar la situación y determinar la asistencia necesaria.
Entre las alternativas previstas aparecen tratamientos ambulatorios, licencias temporales o reasignaciones transitorias. El proyecto también establece el resguardo de la confidencialidad y de los derechos vinculados con la salud mental.
Distinta sería la situación ante una negativa injustificada a realizarse el examen. En ese caso, la conducta sería considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, un sumario administrativo o incluso un proceso de remoción, dependiendo del régimen correspondiente.
El proyecto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de Santa Fe. Si finalmente se convierte en ley, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentarlo.
La iniciativa también contempla invitar a municipios y comunas de toda la provincia a adherir al sistema de controles toxicológicos.
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