No a la Reforma Laboral: el grito unánime de los gremios de Prensa en todo el país

Las organizaciones sindicales de prensa, en representación de los trabajadores y las trabajadoras de prensa de todo el país, rechazamos enfáticamente el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional bajo el título de  ”Modernización Laboral”, ya que representa un gravísimo retroceso en los derechos de la clase trabajadora, de sus organizaciones sindicales, y de la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

El proyecto intenta derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 12.921), vigentes desde hace 80 años, sin mediar debate alguno con las organizaciones del sector y el periodismo en general. Estos instrumentos establecen derechos laborales, de estabilidad y jornada de 36 horas semanales, más otros vinculados al ejercicio de la profesión, la libertad de expresión como derecho inalienable, el libre acceso a fuentes y la prohibición de discriminación por opinión política o gremial. La constitucionalidad de estas normas, por la particular naturaleza de la actividad, ha sido ratificada reiteradamente por los tribunales del país, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Estatuto se aplica sin importar que la relación laboral esté o no registrada, y quienes están en condiciones precarias o mal encuadrados pueden obtener mejoras en su situación gracias a esta ley. El hecho de que tengamos muchos salarios de pobreza, pluriempleo o contrataciones precarias refuerza la necesidad de contar con esta norma y su real aplicación.

La intención de esta derogación se enmarca, además, en el ataque permanente a las/los periodistas y trabajadores de prensa desde redes sociales o con violencia directa en las coberturas o con su judicialización, situación por la que ya han reclamado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También en materia de derecho a la información, el proyecto plantea la eliminación del Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece un gravamen que deben pagar los titulares de los servicios de comunicación audiovisual sobre su facturación. Esos fondos están destinados al financiamiento de: Radio y Televisión Argentina, FOMECA, INCAA y Defensoría del Público, entre otros. Se pretende eliminar un gravamen cuya distribución permite garantizar la diversidad, el pluralismo y su carácter federal, en un sistema de medios hiperconcentrado.

Rechazamos, además, las modificaciones en materia de derechos individuales y colectivos del trabajo. Lejos de ser una “modernización” para adaptar normas laborales a las nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo, el proyecto es -como fue en la última dictadura cívico-militar, en los 90 y principios del 2000- un retroceso de décadas que reduce a la mínima expresión los principios que protegen al trabajador frente a la desigualdad estructural que tiene frente a su empleador. Su objetivo no es generar empleo -que se destruye por la política económica del gobierno- sino facilitar y abaratar despidos y promover contratos “basura”, como sucede con los trabajadores de plataformas.

Se busca debilitar a las y los trabajadores en la negociación colectiva, eliminar la ultraactividad de los convenios y el derecho de huelga, estableciendo “servicios mínimos” para prácticamente la totalidad de actividades, incluyendo servicios de radio y televisión, lo que contraría toda la normativa y los estándares internacionales en la materia. El proyecto profundiza, además, la crisis del sistema de salud solidario al atacar el financiamiento de las obras sociales como parte de la estrategia para destruir a los sindicatos y luego ir por los derechos individuales de todos y todas. El proyecto llega al extremo de pretender utilizar nuestros aportes para jubilaciones y salud para pagar los despidos.

Convocamos, por lo dicho, a todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa y a quienes defienden los valores democráticos, la libertad de expresión y los derechos laborales y sociales, a movilizarse en todo el país en rechazo a este proyecto precarizador y en pos de un debate para fortalecer y ampliar derechos con justicia social.

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