La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, amplió la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda, que promocionó el presidente Javier Milei. Busca establecer a dónde fueron los millones de dólares acumulados con la suba del precio tras el posteo del libertario y retirados antes del desplome. Hay un conflicto de jurisdicción judicial en el caso
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, amplió la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei: ordenó reconstruir los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al memecoin para establecer a dónde fueron los millones de dólares acumulados con la suba del precio tras el posteo del libertario y retirados antes del desplome. La magistrada busca, además, congelar esos fondos fruto de lo que se sospecha una maniobra ilegal y recuperarlos.
La jueza pidió un monitoreo completo de esas billeteras virtuales, lo que incluye las de los creadores de $LIBRA, bajo la hipótesis de que contaban con información privilegiada: la certeza de que el presidente promocionaría la cripto y con ello haría subir el precio de los token que habían atesorado antes a un valor cercano a cero.
La encargada de ejecutar el relevamiento pedido por la jueza es la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Lo que se busca determinar es a qué plataformas de compra y venta de criptoactivos fueron a parar los millones que permitan congelarlos. La medida apunta a “proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas”, según figura en la resolución judicial.
Las maniobras investigadas se centran en tres fechas clave: el 14 de febrero, día del lanzamiento del token, el 15 de febrero, cuando se anunció una inyección de fondos que nunca ocurrió, y el 17 de febrero, cuando un reposteo del presidente volvió a disparar su cotización.
La investigación busca establecer cómo se desarrolló la operatoria. Es que el 14 de febrero, en las horas previas al lanzamiento oficial, un grupo de billeteras adquirió tokens por unos 2,5 millones de dólares.
Minutos después, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda, lo que hizo que su precio se disparara de 0,3 a 2,5 dólares en apenas 15 minutos. Alcanzó un pico de 4,65 dólares cuando la agencia Bloomberg informó que el mandatario había validado el proyecto.
A partir de las 21 horas del mismo día, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo comenzaron a retirar los fondos de liquidez. Eso provocó un desplome del valor del token y pérdidas significativas para los inversores que compraron luego de la promoción de Milei y antes de que los primeros compradores comenzaran a retirarse con el precio del token inflado.
Se estima que el drenaje de liquidez alcanzó los 90 millones de dólares.
El 15 de febrero, Hayden Davis aseguró públicamente que contaba con 100 millones de dólares para reinyectar en $LIBRA con el fin de recuperar su valor. Sin embargo, esa promesa no se cumplió y la cotización volvió a caer.
El 17 de febrero hubo un nuevo capítulo. A las 13, Milei retuiteó un mensaje del economista Darío Epstein con instrucciones para comprar la criptomoneda. Como en el episodio inaugural, momentos antes de esa publicación cuatro billeteras adquirieron tokens por un monto equivalente a 3 millones de dólares.
Luego del retuit presidencial, el valor volvió a subir con rapidez. Y eso permitió a los operadores obtener una ganancia estimada en 9 millones de dólares. Una hora después, el presidente eliminó la publicación y el precio volvió a colapsar.
Arroyo Salgado afirmó que el caso “$LIBRA” podría constituir una “maniobra de estafa cripto” basada en marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor del activo digital y luego vaciar sus reservas. La jueza agregó que el esquema incluiría estrategias conocidas como “rug pull” y “pump and dump”.
La jueza solicitó además información a la Casa Militar para confirmar si Milei estaba en la Quinta de Olivos durante las publicaciones en X. Ya se confirmó que estuvo en esa residencia oficial el 14 y el 15 de febrero, y ahora se busca verificar su ubicación el día 17, momento del segundo posteo.
También se solicitó a la plataforma X que informe desde qué dirección IP se realizaron los posteos presidenciales y si fueron eliminados.
La jueza consultó al fiscal federal Eduardo Taiano para saber si también incluyó en su investigación lo ocurrido el 15 y el 17 de febrero, momentos posteriores al lanzamiento de la criptomoneda, cuando algunos de los principales impulsores del proyecto intentaron despegarse del mismo y eliminar rastros de su participación.
Entre los imputados en la causa figuran Milei, los empresarios Hayden Davis y Julian Peh, el escritor e ideólogo libertario Agustín Laje, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Sin embargo, hay un conflicto por la jurisdicción del caso. El fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, presentó un planteo de incompetencia al considerar que los hechos deben investigarse en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la intervención de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
Arroyo Salgado remitió el planteo a la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si apoya la competencia de su Juzgado o si ordena trasladar la causa a Comodoro Py.
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