Organizaciones feministas exigen la declaración de la ley de Emergencia en Violencia de Género

La Asamblea Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe, en conjunto con Mumalá y organizaciones sindicales y sociales de la capital provincial, demandan la Declaración de la Ley de Emergencia en Violencia de Género. «Nuestras vidas están en emergencia. Exigimos la urgente declaración de la Emergencia en Violencias de Género en Santa Fe y a nivel nacional», indican. Según el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá, en la provincia —entre enero pasado y el 18 de agosto de 2026— hubo 32 femi/transfecidios y 62 intentos de femicidio.

«Los Estados son responsables. Los casos se multiplican en forma alarmante y ponen en evidencia el vaciamiento institucional, la falta de presupuestos, de presencia y asistencia en el territorio, de campañas de prevención, la desprotección de mujeres y disidencias», indicaron las organizaciones.

Declarar la emergencia en violencia de género implica que el Estado observa que esta problemática existe y la considera prioritaria para la asignación de presupuesto y la generación de políticas públicas. Los índices de femicidio muestran la gravedad de la situación y la necesidad de prevenir y acompañar a las mujeres y disidencias sexuales que viven en contextos de violencia machista.

A nivel nacional, el gobierno de La Libertad Avanza desarticuló el ámbito institucional específico para la creación de políticas en la materia. El cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad nacional dejó, por primera vez a Argentina desde 1987, sin un organismo que articule las políticas necesarias para abordar las violencias de género. En Santa Fe, el cambio de Ministerio a Secretaría de Género implicó menos partidas presupuestarias para estas políticas, describen las organizaciones.

Alejandra García es militante de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género; vive en Santa Fe capital y también integra la Asamblea Ni Una Menos de esa ciudad. Asevera, en diálogo con El Ciudadano, que la única política a nivel provincial es el Programa Acompañares. “Es una ayuda económica por única vez y es muy difícil acceder. Las organizaciones tenemos que ir y pelear a la Secretaría de Género para que le den esta ayuda, por así decirlo, a las mujeres. Y generalmente también se revictimiza a las víctimas de violencia en este proceso”, señala.

Completa que también hay “fortalecimientos de áreas de género en comunas y municipios, que no funcionan y no están pudiendo abarcar todas las situaciones y las problemáticas que hay en torno a la violencia de género”.

A nivel nacional, indica, solo se mantuvo el programa Acompañar, pero implica una serie de requisitos para obtener una ayuda económica por seis meses. Uno de esos requisitos es que la mujer haga la denuncia. “Una mujer que vive con el violento tiene que hacer una denuncia y además, si está con niñeces, ¿qué hace? ¿Adónde va esa mujer con sus hijos para salir de la casa del violento?”, se pregunta García.

Desde la Asamblea Ni Una Menos capitalina reclamaron la declaración de la Emergencia en Violencias de Género, acompañada de partidas presupuestarias «acordes a la magnitud del problema, de rápida ejecución, con políticas integrales, sostenidas y con presencia territorial, que garanticen prevención, asistencia, protección y reparación para quienes atraviesan situaciones de violencia».

Una problemática que se agrava

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre enero y agosto de este año hubo en Argentina 142 femicidios; 18 femicidios vinculados (cuando se asesina a alguien del círculo afectivo de la mujer con el objetivo de dañarla); siete casos de instigación al suicidio y seis transfemicidios/travesticidios. Es decir, 173 víctimas en total. El relevamiento concluye: “El análisis de la recurrencia temporal de la violencia extrema arroja indicadores de alta alarma social: en Argentina se produce una víctima letal de violencia de género cada 34 horas”.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad, con 52 víctimas de violencia de género, seguida por Santa Fe, con 27 casos, y Córdoba, con 11, siempre de acuerdo con este informe.

Por otro lado, el observatorio también registra los intentos de femicidio (235 casos); los intentos de femicidios vinculados (38 casos) y un intento de transfemicidio. Es decir que hubo un intento cada 25 horas, entre enero y agosto de este año.

De acuerdo con «Ahora que sí nos ven», los crímenes fueron perpetrados en mayor medida en la vivienda de la víctima (42%), en vivienda compartida (22%), en la vía pública (19%) y en la vivienda del agresor (7%). Un 9,8% de los femicidios no indicaron información al respecto. El 64% de los agresores pertenecían al círculo íntimo de la víctima: parejas (41%) y exparejas (23%). El resto de los vínculos registrados fueron: familiar (11.6%); conocido (6.4%); desconocido (3,5%) y sin datos (14.5%).

Desde el observatorio consideran que “el Estado ha perdido capacidad de detección temprana y acompañamiento territorial”. Y que “el vaciamiento de las políticas públicas y el avance de proyectos legislativos que criminalizan a las denunciantes consolidan un marco de impunidad que garantiza la continuidad del ciclo de violencia letal”.

“La violencia no empieza con el femicidio, ahí ya llegamos tarde. Hay que fortalecer la prevención, la atención en todos los niveles, el acompañamiento”, dice García.

La militante agrega: “Las respuestas necesitan ser territoriales. La provincia tiene un programa que financia las áreas locales de género, pero pedimos a la Secretaría de Género la evaluación de cuánto estuvo ejecutado del presupuesto y es ínfimo”.

El recrudecimiento de la violencia se da en un contexto de precarización social y económica y de discursos antigénero por parte de los decisores políticos. García analiza: “Las mujeres somos las que salimos a la calle, les damos de comer a nuestras familias, estamos al frente de las ollas populares. Estamos siempre peleando para que no se nos saque ningún derecho. Entonces no es casualidad que siempre seamos el centro de ataque, porque saben que somos las que vamos a salir a la calle y es mucho más fácil culpar a las que están peleando por lo suyo, que hacer lo que tiene que hacer un Estado: estar presente para toda la población”.

Y finaliza: “Una mujer no puede salir de la violencia sin un Estado que garantice las condiciones materiales, el refugio, una vivienda, las capacitaciones, empleo, los centros de día, un subsidio. El Estado tiene que garantizar eso a la mujer violentada para que pueda salir de la casa del violento. Sin esas herramientas, se vuelve imposible y terminamos con la triste noticia del femicidio”.

Faltan denuncias

«Ahora que sí nos ven» informa que solo el 14% de las víctimas (24 de 173) había logrado hacer al menos una denuncia previa. Únicamente el 9% (16 de 173) contaba con una medida judicial vigente. Estos datos demuestran que, incluso cuando el Estado es advertido mediante mecanismos institucionales, las respuestas son insuficientes, tardías o ineficaces para prevenir el desenlace letal”, señalan desde la organización.

Añaden: “Observamos una tendencia a la baja en la realización de denuncias por parte de las víctimas de violencia de género. Consideramos que este descenso debe ser analizado en el contexto de la discusión pública impulsada por el proyecto presentado por la senadora Carolina Losada, que propone incrementar las penas para las llamadas «falsas denuncias», y de la persistencia de discursos que ponen el foco en la criminalización y responsabilización de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia”.

El estudio concluye: “La frecuencia de un femicidio cada 34 horas es el diagnóstico de un sistema de protección estatal en colapso. Se requieren respuestas institucionales urgentes, recursos presupuestarios adecuados y un marco legal que proteja, en lugar de criminalizar a quienes denuncian violencias. La vida de las mujeres y diversidades debe ser una prioridad innegociable de la agenda pública”.