Otra recusación rechazada

El juez Javier Beltramone, quien investiga la explosión del edificio de Salta 2141, rechazó un segundo pedido de recusación en su contra, esta vez proveniente de la defensa de los administradores del consorcio. El martes último, Litoral Gas había solicitado que el magistrado se apartara de la investigación por “preopinar” en los medios de comunicación, algo que Beltramone desestimó un día después por “extemporáneo e improcedente”. Ayer el magistrado hizo lo mismo, incluso con argumentos similares, ante un pedido que presentó el abogado defensor de la administradora Calvillo, que regenteaba el consorcio del edificio siniestrado.

“Es inadmisible por extemporáneo e improcedente. De los elementos aportados estimo que no surgen objetivamente razones legítimas, ni fundado temor, ni duda razonable, ni desconfianza justificada, toda vez que se advirtió una insuficiencia en la argumentación al imputar al magistrado expresiones periodísticas de medios gráficos que no tienen correlato en un soporte magnético para poder cotejar, permaneciendo así los presuntos dichos en el ámbito de la neta labor periodística”, argumentó Beltramone para desestimar ambos pedidos de recusación.

En el caso de la administradora Calvillo, el abogado defensor Víctor Corvalán aseguró que pidió el apartamiento del magistrado por dos motivos: “Hizo adelanto de opinión en diversos medios y en varias oportunidades y, además, está abocado a la tarea de investigar cuando los jueces no deben investigar”.

“Este juez debe ser recusado porque no es juez. Está investigando cuando los jueces no deben investigar. Esto lo dice la ley 13.018, que es la ley orgánica del fuero penal, donde se establece claramente cuáles son las funciones de los jueces penales. Los jueces penales deben resolver los pedidos de las partes, pero acá tenemos un juez que investiga, entonces, ¿quién controla la investigación? Quien debería investigar sería la fiscal, y el juez debería controlar esa investigación. Pero en este caso no sucede eso porque está todo trastocado”, expresó el letrado.

Los defendidos de Corvalán, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, titulares de la empresa que tenía a su cargo la administración del edificio de Salta 2141, se abstuvieron de declarar en la mañana de ayer ante el juez. A ellos se les imputa incumplimiento de los deberes como administradores del edificio, vinculados puntualmente a la falta de control y manutención de los bienes de la propiedad y a las violaciones que presuntamente podrían haber cometido en el carácter de administradores. Beltramone quería saber qué tenían para decir sobre su actuación ante el cambio de regulador de la instalación de gas.

El abogado Corvalán justificó de la siguiente manera la decisión de abstenerse a declarar de sus defendidos: “Lo hicieron porque, a la tremenda tragedia que nos embarga a todos, se le suma ahora la sospecha de que ellos tuvieron algo que ver con la explosión. Esto está al margen de cualquier razonamiento lógico. Es como si llamáramos al administrador de un sanatorio por la mala praxis de un médico. El administrador de un consorcio se limita, como el nombre lo indica y tal la naturaleza de su función, a administrar los gastos, los ingresos, las salidas, a preocuparse porque el portero cobre su sueldo. Y si hay un problema de gas llama a un gasista matriculado, y si hay un problema de electricidad llama a un electricista. No se lo puede hacer cargo de la explosión”.

Las sospechas

La decisión de citar a los administradores está sustentada en trascendidos que apuntan a distintos hechos que ocurrieron antes del día de la explosión, según informaron fuentes vinculadas al caso. Por ejemplo, Litoral Gas habría pedido que se colocaran dos reguladores para controlar con eficiencia el caudal de gas que necesitaba el edificio, pero como el costo era elevado los administradores habrían decidido poner uno solo aunque más grande.

También se conoció que el gasista Carlos García –el único imputado hasta el momento por la tragedia–, que había realizado tareas de readecuación en un departamento porque no tenía las instalaciones en buenas condiciones, aconsejó que era conveniente revisar el resto de las unidades para comprobar su estado; esta tarea tenía un costo de 150 pesos por departamento. Nunca se realizó ese trabajo.

Hay también una serie de correos electrónicos que se enviaron desde la administradora a los ocupantes de los departamentos, en los que se daban detalles de los trabajos que había que realizar para solucionar los problemas con el servicio de gas que tenía el edificio.

Bonfatti: “De la Nación no llegó ni un centavo”

El gobernador Antonio Bonfatti reiteró ayer que desde la Nación “no llegó ni un centavo” para afrontar los gastos que demandan las tareas de recuperación afectada por la explosión del edificio del Salta 2141.

“No llegó ni un centavo, así que seguimos afrontando todos los gastos con recursos propios. Están todos los pedidos hechos de manera formal, así que esperemos que en algún momento los fondos lleguen”, expresó el titular de la Casa Gris.

En ese sentido, Bonfatti señaló que “en los próximos días comenzarán las tareas de demolición (de las torres que quedaron en pie) y, mientras tanto, se trabaja en la reparación de los edificios de la zona”.

Acerca de la tarea de demolición, el gobernador expresó que “se presentaron cuatro empresas para realizar el trabajo, dos de Rosario y dos de la provincia de Buenos Aires, y la próxima semana se conocerá la adjudicación. Por lo tanto, una vez elegida la empresa comenzará la tarea de demolición, algo que si no ocurre la semana próxima será la siguiente”.