Un predio de 50 hectáreas que hace siete años sufre intrusiones, una de ellas fatal, y que además tiene varias denuncias por pasivo ambiental sin que el Estado reaccione, con el riesgo de incrementar la contaminación por los residuos de la ex Sulfacid, fábrica de ácido sulfúrico y zinc electrolítico
La planta ArZinc de Fray Luis Betltrán elaboraba ácido sulfúrico y zinc electrolítico hasta que, en noviembre de 2015, dejó de funcionar. Desde hace siete años, el predio está abandonado y abierto, y en la mañana de este martes 22 fue epicentro de un nuevo incendio que obligó a la presencia de los Bomberos Voluntarios locales para evitar que el fuego, iniciado en lo que fueron oficinas administrativas, se expanda.
Se trata del segundo hecho similar en pocos días dentro del amplio espacio de alrededor de 50 hectáreas que va de la ruta 11 hasta el río Paraná en barrio Retiro y que luce sus portones abiertos y el alambrado perimetral violentado. El anterior siniestro fue el 4 de agosto último. Las instalaciones ya sufrieron numerosos vandalismos. Entre otras cosas, robo de cables y chapas.
Video: portal 11 Noticias.
En algunos de estos hechos, los vecinos refirieron peleas entre quienes sacan los elementos. Y, en un caso, hubo un desenlace fatal: fue en enero de 2021, cuando un joven de 20 años murió electrocutado en el intento de cortar un cable bajo tensión de la subestación transformadora de energía que, aun con la fábrica cerrada, sigue operativo para entregar energía a la empresa Molinos Agro.
La planta de Fray Luis Beltrán fue levantada en la década de 1950. En un principio, fue Sulfacid, la única que producía zinc electrolítico en la Argentina y la segunda en Latinoamérica (hay otra en Brasil). En 2005, la compró la multinacional Glencore, que en 2015 adujo la imposibilidad de reparar un horno colapsado, dejó de operar y en 2016 anunció el cierre definitivo dejando sin empleo a 400 trabajadores.
https://www.elciudadanoweb.com/tras-7-anos-se-mueve-causa-por-contaminacion-contra-fabrica-de-productos-de-zinc-de-multinacional/
Además de la salida intempestiva de producción, la corporación originalmente de capitales suizos no cumplió con su obligación de remediación ambiental dadas las características de la actividad.
La multinacional Glencore, que meses atrás cambió su nombre por Viterra, es socia de Vicentin en Renova, ya que el traspaso del último porcentaje -un tercio de la propiedad, por unos 310 millones de dólares- que mantenía la firma con sede en Avellaneda está bajo dos órdenes de no innovar en la Justicia penal rosarina.
El presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue incluso imputado en junio del año pasado por desobediencia y debió afrontar una caución de 500.000 dólares para quedar en libertad.
Pero en junio pasado Viterra se convirtió aún en una corporación más grande, tras fusionarse con la multinacional granaria más antigua de los Estados Unidos, Bunge. Así, es el mayor holding granario y aceitero del mundo.
El abogado ambientalista Fabian Maggi había iniciado en 2015 una acción de información ambiental sobre la habilitación de la firma, bajo la sospecha de infracciones e incumplimiento de saneamiento ambiental. Nunca hubo respuesta.
En mayo de 2016, el letrado acudió a la Secretaría de Medio Ambiente provincial, con el mismo silencio por respuesta. Junto con su colega Melisa Martiñena, insistió tras el cierre abrupto de la planta ante la presunción de que dejaría pasivos ambientales de cuya remediación la multinacional no se haría responsable, una actitud que ya había sido registrada en otras provincias.
Recién en marzo del año pasado, la jueza en lo Civil y Comercial de Rosario María Silvia Beduino ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente (delegación Rosario) que informe sobre las posibles infracciones ambientales.
Ya en 2020, la ONG ambientalista Equística Defensa del Medio Ambiente había presentado un amparo en el Juzgado Civil y Comercial 2 de la San Lorenzo en el que se interpelaba a las autoridades políticas de Fray Luis Beltrán por el “incumplimiento de ArZinc en la presentación del plan ambiental de cierre, lo cual conllevaría responsabilidades no solo para la sociedad sino también para el propio municipio”.
El escrito alertaba sobre las consecuencias: “Se mantienen esparcidos en el predio y sus inmediaciones elementos altamente nocivos como el ácido sulfúrico y cadmio, que utilizaba en su proceso productivo”.
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