En los barrios los jóvenes son detenidos por no llevar DNI encima. Los trasladan a comisaría lejanas a sus viviendas y en general pierden sus changas o trabajos del día. Algunos fueron detenidos varias veces. Cuando atraviesan el barrio y van al centro también son detenidos porque llevan tatuajes, gorritas. Son parte de las 150 detenciones diarias por averiguación de antecedentes y parte de las políticas implementadas por el gobierno provincial, en el marco de una baja en la tasa de homicidios histórica, que si bien genera un marco de seguridad para algunos y para otros se transforma en invivible.
Estas situaciones fueron reflejadas en el informe “¿ Paz para quién? Registro comunitario de prácticas policiales y de fuerzas de seguridad en barrios populares de la ciudad de Rosario 2024-2025″ sistematiza los resultados de un relevamiento comunitario y colaborativo sobre prácticas policiales y de fuerzas de seguridad en espacios públicos y privados de barrios populares de Rosario, provincia de Santa Fe. Este estudio se realizó durante el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, en un contexto de intensificación de los abordajes estatales punitivos en seguridad pública.
El relevamiento fue fruto de la articulación entre equipos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y participantes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional – Rosario. Participaron jóvenes de entre 15 y 30 años de edad de sectores populares, referentes, talleristas y acompañantes de espacios comunitarios, así como defensores públicos e integrantes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). La metodología incluyó talleres en sedes barriales de organizaciones sociales e instituciones municipales, planificados en dos encuentros. El primer encuentro consistió en presentaciones y conversaciones colectivas semiestructuradas con jóvenes para documentar sus interacciones con la policía o fuerzas de seguridad. El segundo encuentro buscó consolidar vínculos directos entre los participantes y el SPPDP, donde defensores públicos brindaron asesoramiento sobre derechos y herramientas frente a situaciones de violencia institucional.
Los talleres se realizaron en seis barrios de cuatro distritos de Rosario: Tablada, Triángulo y Moderno, Alvear, Toba, Las Flores Sur y Empalme Graneros. En total, participaron 146 personas, incluyendo jóvenes, referentes, talleristas, acompañantes y otros residentes.
El informe detalla que las prácticas policiales y de fuerzas de seguridad se producen en un contexto de «crisis de seguridad» en Santa Fe y Rosario, caracterizada por altas tasas de homicidios en la última década y la expansión de mercados ilegales. Aunque en 2024 se registró una disminución significativa de homicidios, las políticas públicas han sido predominantemente punitivas, lo que ha llevado a un aumento de prácticas abusivas por parte de la policía provincial y las fuerzas de seguridad federales.
El informe destaca la intensificación de detenciones por averiguación de identidad (Art. 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía provincial) y operativos de saturación en barrios populares. El «Plan Bandera», implementado en diciembre de 2023, implicó el despliegue de fuerzas de seguridad nacionales en Rosario, resultando en un gran número de personas controladas y detenidas.
En este marco, al incrementarse este tipo de detenciones, el Servicio Público de la Defensa presentó un Habeas Corpus Colectivo en agosto de 2024, argumentando que las detenciones por averiguación de identidad se estaban utilizando de manera selectiva, discriminatoria y abusiva, afectando principalmente a personas en situación de calle y jóvenes. Aunque el Habeas Corpus fue rechazado en primera instancia, un juez de cámara dictó pautas interpretativas del Art. 10 bis, señalando que las detenciones eran arbitrarias y que la «resistencia a identificarse» no se configura solo por no portar DNI. Simultáneamente, se implementaron acciones y medidas en barrios populares ligadas a la inclusión social, como la Intervención Barrial Focalizada (IBF) y se retomaron políticas de juventud como el Programa Nueva Oportunidad. El Programa está destinado a adolescentes entre 12 a 15 años de edad y a jóvenes entre 16 a 35 años de edad ; posee un amplio despliegue en la provincia de Santa Fe y en la mayoría de los barrios de Rosario.
Durante los talleres el trabajo puedo determinar que las prácticas policiales podrían sistematizarse en:
* Detenciones por averiguación de identidad: Práctica recurrente, más frecuente, masiva y extendida, afectando principalmente a jóvenes varones y, en menor medida, a mujeres. El no portar DNI es un motivo común para traslados a comisarías, a menudo alejadas de los barrios.
* Allanamientos: Prácticas abusivas en allanamientos, con o sin orden judicial, que incluyen ingresos violentos, maltrato, destrucción de objetos y robo de pertenencias.
* Robos y negociaciones forzadas: Relatos de robos de pertenencias, pedidos de dinero o sustancias ilegalizadas por parte de la policía para evitar controles o detenciones, y una percepción generalizada de corrupción policial.
* Estrategias de resistencia: Los jóvenes y la comunidad desarrollan estrategias individuales y colectivas para evitar o abordar las interacciones con las fuerzas de seguridad, como evitar zonas céntricas, llevar el DNI o vestirse de cierta manera. También buscan apoyo en organizaciones sociales e instituciones estatales.
La doctora en Antropología e investigadora del Conicet Eugenia Cozzi, que coordinó el trabajo, sostienen que estas prácticas ocurren en un contexto político particular. Una de las características tiene que ver con políticas públicas cada vez más punitivas para el abordaje de las violencias y los mercados ilegales en un contexto de una reducción significativa de los homicidios. «Aparece esa paradoja de cierta tranquilidad o de cierta ausencia de conflicto armado¿ y al mismo tiempo estas políticas cada vez más punitivas. Una presencia policial mucho más extendida que tiempo atrás, que además permea la circulación y la vida cotidiana de estas personas», analizó Cozzi.
«Otro de los temas tenía que ver con los allanamientos y ahí aparece la ley de microtráfico como otra normativa que habilita determinadas prácticas. Allanamientos en algunos casos habilitados por estas normas, pero que condensan prácticas arbitrarias. La idea del título del informe surgió de los primeros talleres que dimos y tiene que ver con cómo su vida cotidiana se ve alterada en relación a los efectos de estas políticas», sostuvo la investigadora.
El informe concluye que, a pesar de la disminución de tiroteos en algunos barrios, muchas personas no se sienten protegidas por el despliegue de fuerzas policiales y de seguridad, y persisten o se agravan otras problemáticas. Se plantean interrogantes sobre cómo lograr barrios seguros y tranquilos sin vulnerar derechos, y la necesidad de políticas públicas integrales que involucren a diversos actores estatales y sociales.
La presentación del informe se llevará este miércoles 8 entre las 16 y las 20 en la Ciudad Universitaria (Riobamba 250 bis).
Panel de apertura (16 hs a 17:30 hs)
– Cintia Pinillos (UNR).
– Gustavo Palmieri (Comité Nacional de Prevención de la Tortura).
– Horacio Crespo (Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano Santa Fe).
– Santiago Bereciartua (Servicio Público Provincial de la Defensa Penal).
– Julieta Riquelme (Multisectorial contra la Violencia Institucional).
Coordina: Evangelina Benassi (Escuela de Trabajo Social – UNR).
Conversatorio con referentes sociales e institucionales que participaron del relevamiento comunitario y colaborativo (18 hs. a 20 hs.)
Centro Popular Tablada (Movimiento Evita).
Casa de la Mujer y Diversidad (barrio Moderno) – MTE Vientos de la Libertad.
Nuestra América (Movimiento Popular).
Centro Cultural El Obrador.
Dirección Regional de Asistencia a las Víctimas de Violencia Institucional (SPPDP).
Coordina: Eugenia Cozzi (UNR-Conicet).
El informe sistematiza los resultados del relevamiento comunitario y colaborativo sobre prácticas policiales y fuerzas de seguridad, sucedidas en espacios públicos y/o privados en barrios populares de Rosario.
Organizan: Multisectorial contra la Violencia Institucional; Equipo de Investigación sobre Mercados Ilegales, Violencias y Burocracias Penales (FDer-UNR); Equipo de Investigación sobre Infancias y Juventudes (Escuela de Trabajo Social/FCPolit-UNR); Área de Antropología Jurídica de la Escuela de Antropología (FHyA-UNR).
