Son tres directivos de una firma que causaron estragos en Colonia Teresa, en el departamento San Javier, y a quienes puede caberles hasta cinco años de cárcel
Tres fiscales de la ciudad de Santa Fe adelantaron hoy que pedirán 5 años de prisión y una multa económica para tres directivos de una explotación arrocera acusados de construir terraplenes ilegales que provocaron estragos en la localidad de Colonia Teresa y el derrumbe de un tramo de una ruta provincial, informaron fuentes judiciales.
En una audiencia preliminar al juicio, que se realizó hoy, los fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera solicitaron penas de cinco años de prisión y multas por $270.000 pesos para las tres personas investigadas.
Los acusados son el presidente, la vicepresidenta titular y el vice suplente de una empresa dedicada al cultivo de arroz ubicada en el departamento San Javier de esta provincia.
Según expusieron los fiscales, «alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa, los acusados levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión que, en algunos tramos, superan los dos metros y medio de alto».
Señalaron que «los trabajos se iniciaron en 2007 sin la autorización correspondiente de los organismos públicos competentes» y que, además, construyeron de forma ilegal canales de riego y desagüe y un canal de derivación de aproximadamente tres kilómetros de largo que desemboca en la cuneta oeste de la Ruta Provincial Nº 1.
«Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y ocasionaron una desviación de caudales hacia el río San Javier», explicaron los fiscales de la causa.
En esa línea, afirmaron que «en enero de 2019 la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 de la Ruta Provincial Nº 1 superara ampliamente su capacidad».
Como consecuencia de ello, dijeron, «se derrumbó un tramo de la vía de comunicación terrestre».
De acuerdo a la investigación de Jiménez, Urquiza e Ilera, las obras ilegales produjeron la inundación de campos ubicados al norte del predio arrocero y «también causaron daños materiales en una vivienda».
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que los delitos por lo que son acusados los directivos son estrago doloso, daño calificado y daño simple, por los que adelantaron el pedido de una pena de 5 años de prisión.
Tras la audiencia preliminar de hoy, en la que las partes debatieron sobre la acusación fiscal, el juez deberá considerar si la imputación posee proyección de condena y si están dados los requisitos para que se desarrolle un debate oral y público, explicaron voceros del MPA.
En caso de ser así, debe fijar una fecha para el inicio del juicio.
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