Los fiscales federales presentaron la acusación formal contra el ex magistrado de Rosario. Se lo acusa de armar causas falsas para cobrar coimas, recibir dádivas mediante alquileres fantasmas y comprar un lote en un country con dinero ilícito
Los fiscales federales Juan Argibay Molina, de la delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitaron una pena de 10 años de prisión para el ex juez Marcelo Bailaque.
La acusación contra quien fuera titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario le atribuye la autoría de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, extorsión, lavado de dinero y dádivas.
La investigación determinó que Bailaque, junto al escribano y operador judicial Santiago Busaniche y el financista Fernando Whpei (quien declaró como imputado colaborador y fue condenado de forma parcial en un abreviado), montaron una estructura para perjudicar a los empresarios bursátiles Jorge Oneto y Claudio Iglesias.
Según la declaración del ex titular de la AFIP en Rosario, Carlos Vaudagna –quien también declaró como arrepentido–, el plan se gestó en una cena en 2019 en el edificio donde residía el juez.
Allí, Bailaque y Whpei le anticiparon que recibiría una denuncia anónima contra los empresarios y le indicaron cuándo elevarla a la Justicia para que recayera, por turno, en su juzgado. El magistrado y el empresario sabían que Iglesias pretendía postularse para presidir una compañía de seguros y que Oneto había sido mencionado en una causa por estafas inmobiliarias, lo que los volvía vulnerables a la presión.
El objetivo era que pagaran 200 mil dólares a cambio de no avanzar con el expediente fraguado. Los fiscales constataron que las víctimas entregaron un total de 160 mil dólares en cinco pagos realizados entre 2019 y 2022.
Por estas maniobras, la Fiscalía solicitó también seis años de prisión para el escribano Santiago Busaniche, identificado como el instigador y operador judicial que presionó para realizar allanamientos ilegales.
Además, el pedido de pena abarca cuatro años y seis meses de prisión para la abogada Graciela Martínez Maulión, esposa de Bailaque y funcionaria del Poder Judicial de Santa Fe, acusada de lavado de dinero.
Otro punto de la acusación, en la que intervienen la Procelac y la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), es el cobro de dádivas encubiertas.
El fiscal Argibay Molina detalló que Bailaque recibió 5.719.194 de pesos en pagos mensuales efectuados por Whpei desde enero de 2019 hasta enero de 2025.
Este dinero fue enmascarado mediante un contrato de locación del inmueble propiedad del juez ubicado en Presidente Hipólito Yrigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
La investigación determinó que la propiedad estuvo desocupada y en estado de abandono, pero la mutual Siempre Joven Asociación Mutual siguió pagando el alquiler para «hacerle un favor al juez».
Dicha mutual, con domicilio en Mariano Moreno al 5500 de Wilde, Buenos Aires, está vinculada a Whpei y a un entramado de personas jurídicas que incluyen a: Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales y Unión Provincial Asociación Mutual.
El matrimonio Bailaque también fue imputado por lavado de activos en relación a la compra de una unidad funcional en el complejo Vida Barrio Cerrado de Funes. Según el expediente, en agosto de 2020 adquirieron el lote por un valor real de 70.000 dólares (aunque declararon 35.000) a la constructora EDECA SA.
Lo relevante para los fiscales es que, al momento de la transacción, EDECA tenía una causa por evasión agravada de IVA tramitándose en el juzgado de Bailaque. Meses después de la compra del terreno, el juez ordenó la prescripción de la acción penal contra la empresa. Por este hecho, el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó un embargo de 414 millones de pesos para el matrimonio.
Actualmente, Marcelo Bailaque cumple prisión preventiva domiciliaria, medida que fue prorrogada a mediados de diciembre pasado hasta el 25 de marzo de 2026.
Los fiscales sostuvieron que existen riesgos procesales, ya que el ex magistrado intentó borrar información de su celular antes de que fuera incautado, dispositivo al que los peritos aún no han podido acceder totalmente.
A su vez, cuenta con otra imputación por la presunta protección al capo narco Esteban Alvarado. Esta línea de investigación involucra a Gabriel Mizzau, quien fuera contador tanto del jefe criminal como del propio Bailaque. Voceros judiciales indicaron que estiman que el juicio por todas las causas unificadas podría comenzar entre marzo y abril de 2026.
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