Pidieron indagatoria y detención de tres ex fiscales federales de Rosario durante la dictadura

Un fiscal federal de Rosario pidió hoy que sean citados a declaración indagatoria y detenidos tres funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura cívico militar en esta jurisdicción, a quienes acusa de privación ilegítima de la libertad y tormentos a perseguidos políticos, informaron fuentes judiciales.

El fiscal federal Federico Reynares Solari también señaló a los ex fiscales de ese fuero durante la última dictadura José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia y al ex secretario de un juzgado Horacio Claverié por haber conformado una asociación ilícita.

Por la misma causa está procesado el ex juez federal de Rosario Guillermo Tschopp, para quien Reynares pidió nueva indagatoria por el delito de asociación ilícita.

«Pedí la indagatoria y detención de Vázquez, Claverié y Tiscornia, como había solicitado (la agrupación) Hijos Rosario en su denuncia», agregó Reynares Solari, quien realizó el planteo ante el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque.

La denuncia del organismo de Derechos Humanos fue presentada en febrero pasado por las «omisiones sistemáticas» a los planteos de habeas corpus de los detenidos-desaparecidos y el rechazo de las denuncias de apremios ilegales en las que actuaron los dos fiscales y el entonces secretario de un juzgado durante la última dictadura cívico-militar.

«Estos magistrados no sólo se limitaron a infringir sus deberes de funcionario público, que les obligaba a llevar adelante las investigaciones, sino que dichas omisiones sistemáticas constituyen, lisa y llanamente, una forma de intervención criminal en los delitos no investigados», señalaron los denunciantes.

El fiscal Reynares dijo que considera que «una fase del plan sistemático de desaparición de personas fue decidir qué hacían con el secuestrado, si lo liberaban, aplicaban lo que llamaron la ‘disposición final’ o blanqueaban de alguna manera esa privación ilegítima de la libertad a través del armando de una causa judicial».

Agregó que los acusados, en cuanto funcionarios judiciales, «hacían todo lo posible por ocultar el origen de la privación ilegítima de la libertad».

Para el fiscal, ante la presentación de habeas corpus por el destino de personas desaparecidas o las denuncias de apremios de los detenidos ilegalmente, los acusados «actuaban como defensores de los militares y no de las garantías constitucionales de esas personas».

El fiscal que originalmente tomó la denuncia y que ahora se excusó, Adolfo Villate, inició una investigación que incluyó el análisis de 134 recursos de habeas corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo.

Pidió la indagatoria del exjuez Guillermo Tschop, que fue procesado en septiembre de 2020 por 55 casos de privación ilegítima de la libertad en calidad de partícipe necesario, en algunos en concurso real con aplicación de tormentos.

Luego HIJOS amplió la denuncia a los entonces fiscales Vázquez y Tiscornia, y al secretario del juzgado de Tschopp, Horacio Claverié.

Ahora el fiscal Reynares solicitó que los tres exfuncionarios judiciales durante la última dictadura sean indagados y detenidos.

Uno de los casos analizados es el de Gustavo Piccolo, que fue detenido por fuerzas policiales el 14 de octubre de 1976 y alojado en el Servicio de Informaciones –el principal centro clandestino de detenciones de Rosario– a disposición de las autoridades militares del Comando del II Cuerpo de Ejército.

Según la denuncia, sobre Piccolo «pesó una causa armada» que se inició recién un año y medio después de que fuera secuestrado, a cargo del fiscal Tiscornia.

«Ante este panorama entiendo que el fiscal debería haber solicitado la libertad de Piccolo o cuanto menos que se investiguen los motivos por los cuales estaba detenido hacía más de un año», señaló la presentación de HIJOS.

Y agregó que «nada de eso sucedió» sino que «por el contrario, a fojas 178/182 (del expediente) solicitó al magistrado que condene a Piccolo a la pena de 10 años de prisión».