Plantean que si se eliminaran todas las exenciones impositivas se resolvería el déficit fiscal

Un informe privado destaca que si se eliminaran todas las exenciones de impuestos se podría resolver el déficit fiscal, puesto que su costo fiscal equivale a casi al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

El informe corresponde al Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que dirige el economista Jorge Colina.

Esta semana la Cámara de Diputados se apresta a avanzar en la sanción del Presupuesto 2023, el cual prevé incluir a todos los jueces y empleados de la Justicia en el Impuesto a las Ganancias.

El informe de IDESA plantea que el costo fiscal de la exención del tributo para el Poder Judicial es de 0,2% del PBI.

“Las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente en el sistema tributario argentino”, dice el informe.

El trabajo plantea que “en el proyecto de presupuesto 2023 se enumeran y se estima de manera aproximada su costo”.

“Consisten, por un lado, en unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, impuesto a las Ganancias, a los Combustibles, a bienes de consumo, a los Bienes Personales y al cheque”, detalla el reporte.

Por el otro, sostiene que hay exenciones y reducciones de cargas sociales “en 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, pymes y –el más grande y emblemático– régimen de promoción de Tierra del Fuego”.

Todos ellos suman el 2,7% del PBI mientras que IDESA estima que el déficit primario de este año llegará al 2,8% del PBI.

“Estos datos muestran que el costo fiscal de la eximición del impuesto a las ganancias de jueces y empleados judiciales es relevante. Pero mucho más importante es el costo del resto de las eximiciones contempladas”, explica el informe.

Recientemente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “rechazo a la incorporación, en el proyecto de ley de presupuesto nacional, de una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.

Julio Piumato, secretario general del gremio de trabajadores Juiciales sostuvo que «es absolutamente inaceptable que en plena crisis económica se trate de cargar las tintas sobres los y las trabajadoras como posible variable de ajuste”.

“El Banquero Heller, impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos jubilados ahora, pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros”, señaló Piumato.