Precios esencialmente aumentados hasta un 62%, y recién desde el lunes próximo

Prórroga y desprolijidades: el gobierno nacional postergó la “plena” vigencia del programa de productos esenciales para el lunes 29 de abril, un corrimiento de una semana sobre la fecha anunciada el miércoles previo a Semana Santa. Los problemas, denunciados por consumidores y los propios empresarios que aceptaron el “pacto de caballeros” se agolpan. Desde dificultades logísticas para proveer los 64 artículos comprometidos y la falta de carteles verdes que los diferencien de Precios Cuidados hasta, lo más contradictorio con el objetivo declamado, aumentos de hasta 62 por ciento respecto de los valores actuales de los artículos.

Los anuncios oficiales afirman que el plan constará de 64 productos con precios fijos por 180 días, en 6.500 puntos de venta de todo el país. No hay nada firmado, sino la palabra de caballeros, como lo describió el gobierno, de algunas industriasl alimenticias y cadenas de supermercados. Tampoco habrá supervisión del Estado para verificar que se cumpla, tras el desmantelamiento de la Secretaría de Comercio Interior por parte de la gestión Cambiemos.

Los relevamientos que hicieron medios de comunicación porteños pusieron en evidencia que la mayoría de los productos que figuran en la página de Defensa del Consumidor no están en la góndolas. O, si lo están, es con el aviso de un cupo de compra por cliente, en poca cantidad y sin “frentear” (en otras palabras, ocultos en las estanterías).

Otros datos, que juegan en contra del objetivo declarado del programa,  son los precios. La consultora Focus Market dio a conocer el informe «Precios Esenciales versus Precios Mercado» en el que resaltan varios artículos comprometidos por ser más caros que otros similares o, los mismos, con sustantivos aumentos respecto de lo que valían antes de los anuncios.

Entre las mayores “grietas” de precios, de acuerdo al informe, en el área metropolitana bonaerense, figura el litro de yogur bebible descremado Alalay: el precio actual es de 38,9 pesos y pasará a costar 63 en Precios Esenciales. El aumento es del 62,2 por ciento.

Otro ejemplo donde la yerba mate Chamigo. Su precio esencial será de 102 pesos, pero hasta la semana pasada se vendía a 77. Aumentó 33,5 por ciento.

El kilo de azúcar Dominó valdrá 34,3 pesos, contra los 30,90 que costaba antes del pacto de caballeros. La polenta Mágica Quaker de medio kilo estará en el programa con una suba del 11 por ciento: de los 28,7 pesos a 32.

Otro motivo de desconcierto es la dispersión de los precios en el territorio nacional. Las empresas comprometieron diferentes valores: más caros a medida que los puntos de venta se alejan de la ciudad de Buenos Aires.

Leche por cuatro

Las mismas fuentes empresarias que argumentaron el retraso en cuestiones logísticas y un período de gracia para garantizar abastecimiento de los productos admitieron que, al menos en dos grandes cadenas de súper se mantienen los cupos de venta. El caso de referencia es el de la leche: La Serenísima comprometió su tercera marca tras retirar la segunda, Armonía, pero con 10 pesos de aumento entre ambas y, ahora, La Martona a 35,80 pesos aparece con carteles advirtiendo al cliente que sólo puede llevarse “cuatro litros”.

Confesión de parte: «Che, ¿qué hacés?»

El ministro de Producción nacional, Dante Sica, admitió cómo se maneja el gobierno con las denuncias, por ejemplo, de desabastecimeitnos de productos básicos. Al defender la ley de Lealtad Comercial –oficializada este lunes pero con un decreto–, el funcionario dijo que va a dar «instrumentos potentes y legales» porque, hasta ahora, la forma de intervenir es «levantar el teléfono y preguntarles a los supermercados «Che, ¿Qué estás haciendo con tal proveedor?»».

«Queremos fortalecer el mercado interno. Con mayor competencia, va a haber mejores precios y mejores condiciones para el consumidor. Y un mercado competitivo iguala las oportunidades. La discrecionalidad, eso de llamar por teléfono, solo genera que empeoren los procesos. Creo que lo que hacemos con esta ley es ocupar un vacío legal. Es un instrumento que tienen todos los países de la OCDE y permitirá al Estado actuar de forma transparente», aseguró.