Prostitución Vip: famoso manager de modelos será juzgado por explotación sexual internacional

La decisión por mayoría de la Sala I ratificó el fallo de diciembre del año pasado del juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también confirmaron un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Santos y el procesamiento de dos hermanos del principal imputado, Micaela Hebe Santos y Rodrigo Ernesto Santos, como así también de Luis César Zanardi.

Según el fallo de 75 páginas al que Télam tuvo acceso, la Sala I dispuso, además, la prohibición para salir del país de los cuatro imputados, quienes habían sido indagados a fines de noviembre de 2020.

El juez Llorens votó parcialmente en disidencia al considerar que había que modificar la calificación legal de la imputación, por la de autor del delito de «promoción y facilitación de la prostitución de un mayor de dieciocho años reiterado en cinco oportunidades y promoción de la prostitución agravado por haber sido cometido mediante engaño», que estipula una pena de entre 4 y 10 años.

Sin embargo, sus colegas Bruglia y Bertuzzi convalidaron el procesamiento de Casanello «por haber liderado o haber formado parte entre junio de 2009 y diciembre de 2014, de forma sostenida, una organización criminal trasnacional dedicada a captar, trasladar -tanto dentro del país como desde o hacia el exterior-, acoger y recibir mujeres mayores de edad -de nacionalidad argentina y uruguaya- con fines de explotación sexual», que establece una pena de 4 a 8 años de prisión.

«Tales conductas se habrían materializado tanto en el territorio nacional como en Uruguay, gracias a sus lazos con José Miguel Acosta, quien sería su socio en dicho país e integrante de la organización junto con Roberto Rodríguez Delgado -alias «Daniel»- (de nacionalidad uruguaya), y los nombrados. Como víctimas de tales hechos fueron identificadas al menos veinticuatro mujeres, todas ellas mayores de edad», sostuvo el magistrado.

En septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la extradición a Uruguay de Santos, al entender que parte de los hechos que se le imputan también ocurrieron en Argentina, por lo que debía ser juzgado en nuestro país.

«Para captar a las presuntas víctimas se habrían valido de las agencias de modelos ‘Latin American Management’, ‘Leandro Santos Models’, ‘José Miguel Producción’, ‘Pink Promociones’ y/o ‘Blugmoden’, que ocultaban el negocio de explotación sexual que en verdad perseguían», determinó el juez Casanello.

De acuerdo con la investigación, «les habrían formulado promesas engañosas en el ámbito del modelaje (tales como participar en desfiles, hacer presencias en locales nocturnos, concurrir a programas de televisión, conocer a personas con poder) para, luego, referirles que el verdadero motivo de su contratación era que mantuvieran relaciones sexuales con hombres de gran poder adquisitivo, alertándolas de que el rechazo de tal propuesta les impediría ascender en su profesión de modelos».

«Finalmente, en algunos casos, se habrían valido también de intimidaciones y coerciones hacia las presuntas víctimas, tales como manifestarles que en caso de no mantener relaciones sexuales o bien no podrían irse del lugar en el que estaban y quedarían encerradas, o no progresarían en sus carreras y serían desvinculadas de la agencia», aseguró el juez

Según lo determinado en esta etapa, Leandro Santos era el «encargado de arreglar el monto (que rondaba de los 300 a los 1900 dólares), el día y el lugar con los prostituyentes y quien habría retenido a las víctimas un porcentaje de dicho rédito -entre el 30% y el 90%-; siendo Luis Zanardi el encargado de entregar a las presuntas víctimas el dinero en cuestión y, en algunas ocasiones, de pactar los encuentros sexuales».

Además, «Micaela Santos se habría encargado de mantener el diálogo cotidiano con las presuntas víctimas, siendo sus tareas fundamentales las de identificar qué mujeres de la agencia podrían ser captadas, permanecer en los lugares de acogida junto con las presuntas víctimas y anunciarles los eventos a los que deberían asistir para entablar contacto con los prostituyentes, a fin de concretar los encuentros sexuales con posterioridad».

«A su vez, Rodrigo Santos, habría participado de las captaciones en su carácter de ‘gerente’ y/o ‘cofounder’ de ‘Latín American Management – Shharm Producciones’ y de ‘Santos Group Co.’, cuyas tareas habrían consistido principalmente en el ‘reclutamiento’ de los perfiles de las presuntas víctimas en Buenos Aires y Punta del Este», detalló el escrito.