Diversas organizaciones de pueblos originarios y referentes comunitarios se movilizaron hasta las puertas del domicilio de la ex presidenta, ubicado en la calle San José al 1111 de la Ciudad de Buenos Aires, para llevar a cabo una jornada de protesta y conmemoración cultural
La convocatoria tuvo como eje central el rechazo categórico a la decisión del gobierno de Javier Milei de reinstalar oficialmente la denominación «Día de la Raza» en el calendario de efemérides patrias. La manifestación frente al departamento de la exmandataria funcionó como un acto de respaldo explícito al decreto que, durante su gestión en 2010, consagró la fecha como el «Día del Respeto a la Diversidad Cultural». El reclamo de las comunidades reabrió una intensa disputa de sentido identitario y normativo.
Durante el encuentro se desplegaron ceremonias ancestrales, un mural colectivo en vivo, cantos tradicionales y lecturas de documentos en defensa de la plurinacionalidad y los derechos territoriales indígenas. Portavoces de las organizaciones leyeron una declaración conjunta en la que advirtieron que retrotraer la efeméride al concepto de «raza» implica convalidar una mirada «hispanista y colonizadora» que invisibiliza el despojo histórico de los pueblos preexistentes. En sus duras intervenciones públicas, los referentes denunciaron además el avance de proyectos de extranjerización de tierras bajo la actual política de desregulación económica. La demostración en el barrio porteño combinó la reivindicación de derechos con la mística del movimiento popular.
El trasfondo de la protesta se inscribe en la batalla cultural promovida por la Casa Rosada, desde donde justificaron la modificación reglamentaria bajo el argumento de celebrar el inicio del intercambio comercial y cultural entre España y América tras la llegada de Cristóbal Colón. No obstante, juristas y legisladores de la oposición remarcaron que el intento del Ejecutivo por imponer la nomenclatura colonial choca de frente con la Ley Nacional 27.399, norma sancionada por el Congreso en 2017 que ratifica institucionalmente la denominación de Diversidad Cultural. Frente a este contrapunto legal, la decisión gubernamental genera fisuras administrativas en los organismos del Estado. La agenda oficialista desafía los consensos normativos vigentes.
Desde el entorno de la exjefa de Estado celebraron la movilización popular y destacaron que la elección de su residencia como punto de encuentro ratifica su vigencia como referencia política para los movimientos sociales e indígenas. Dirigentes del Frente Renovador y de bancadas afines acompañaron la jornada cultural y cuestionaron el sesgo «provocador» del oficialismo para desviar la atención de la recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo. Ante el despliegue en las calles, la militancia cristinista volvió a copar las inmediaciones del edificio. El conflicto simbólico recalienta la escena pública nacional.
La controversia en torno al 12 de octubre refleja la imposibilidad del arco político para unificar criterios sobre la memoria histórica y la identidad plurinacional de la Argentina. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en profundizar sus batallas discursivas contra las agendas de derechos humanos y diversidad, los colectivos territoriales anticipan que coordinarán acciones judiciales para exigir el cumplimiento estricto de la ley marco aprobada por el Parlamento. Mientras tanto, las demostraciones de resistencia se multiplican en las calles. El debate por la memoria continúa en estado de ebullición.
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