“La organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el ex ministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas, una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones”, apuntó el fiscal Hernández.
“El objetivo de la asociación ilícita –sostuvo el funcionario del MPA– era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
En todos los casos el fiscal pidió inhabilitación para las y los acusado por el doble de tiempo de la condena solicitada. Los demás acusados son Esteban Montenegro, ex secretario de Seguridad Pública, para quien el pedido es de 7 años de prisión en carácter de miembro de la asociación ilícita; Pablo Álvarez, ex subsecretario de Investigación Criminal, con 5 años de prisión; Diego Rodríguez, ex subsecretario del Control Institucional, con 5 años de prisión, y Milagros Bernard quien revistó como personal contratado en la Subsecretaría de Control Institucional, para quien Hernández pidió 3 años y seis meses de prisión.
Todos los ex funcionarios están acusados por violación de la ley nacional de Inteligencia. A Montenegro el fiscal lo acusó además por supuestamente haber sido parte de la asociación ilícita y haber cometido una serie de delitos, entre ellos malversación de caudales públicos calificada por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados, abuso de autoridad (por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales) y destrucción de documentos.
A Álvarez y Rodríguez de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes, y destrucción de documentos y elementos de prueba. Y al primero también le endilgó el cargo de malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados).
En tanto, el fiscal acusó a Bernard de abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales, destrucción de documentos y elementos de prueba, violación de secretos y violación de sellos calificada (por ser funcionaria pública abusando de sus funciones).
El fiscal sostiene que la estructura ilegal habría sido encabezada por el ex ministro de Seguridad Sain, además ex titular del Organismo de Investigaciones, y por la ex directora de la Agencia de Control Policial Schujman y la ex jefa de Inteligencia Criminal Cotichini. Y que tenía dos ramificaciones: una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones.
Para el fiscal Hernández, los acusados habrían confeccionado informes de inteligencia, un “perfilamiento” de personas que incluía multas de tránsito, antecedentes penales, registros de salidas y entradas del país, bienes, capacidad financiera y publicaciones en las redes sociales. También habrían sumado detalles de la vida privada de los familiares y allegados de las personas que fueron investigadas, los cuales habrían sido obtenidos de bases de datos públicas y privadas, legajos, expedientes penales e información obtenida de “tareas de calle”.
A pesar de que las identidades de las personas damnificadas quedaron en reserva, el fiscal deslizó que se trataría de funcionarios públicos de los tres poderes, empresarios, sindicalistas, militantes sociales, abogados, periodistas, y otros profesionales.
El fiscal Hernández también los acusa por órdenes ilegales dadas a la Policía –y la omisión de control– en su cumplimeiento: “En reiteradas oportunidades, el ex ministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”, sostuvo. La acusación también señala que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Y también se los acusa de destruir gran cantidad de documentos públicos y utilizar información y evidencia proveniente de causas judiciales son fines distintos a la investigación penal.