Quedó preso el abusador del geriátrico en Casilda: seis víctimas relataron padecimientos

Un hombre de 32 años fue imputado este lunes acusado de haber abusado a al menos seis empleadas de un geriátrico de la ciudad de Casilda, del cual era administrador. Las víctimas relataron sus padecimientos a medios de comunicación e hicieron las denuncias durante febrero, hasta que este fin de semana el fiscal Emiliano Erhet ordenó la detención del sospechoso. Al término de la audiencia imputativa el juez Carlos Pareto le dictó la prisión preventiva por 90 días por hechos de abuso sexual en distinto grado y amenazas.

Durante la audiencia, desarrollada este lunes en los tribunales casildenses, el fiscal Erhet hizo un pormenorizado detalle de las seis denuncias, seis en total. Los hechos, de acuerdo con la acusación, tuvieron lugar en ambientes del geriátrico El Jardín de los Abuelos, de Chacabuco al 2400, barrio Nueva Roma.

Según el portal AhoraCasilda, el acusado solía decirle a las víctimas la frase «de acá no sale nada», una vez consumados los abusos. De acuerdo con la acusación las jóvenes fueron sorprendidas mientras trabajaban y a pesar de su negativa, fueron manoseadas y en algunos casos violadas con acceso carnal por el imputado.

«Yo sé que necesitás trabajo y si hablás te voy a tener que echar», es lo que respondía Emiliano Rodolfi, el acusado, a las víctimas cuando se veía rechazado. Y remataba con la frase «acá adentro se hace lo que yo digo».

Ehret recordó la génesis de la causa en diálogo con Radio Casilda: «Esto empezó el 2 de febrero con la denuncia de una víctima, que había denunciado ciertos hechos de maltrato laboral, de acoso y que conformarían delitos de abuso sexual simple y actos de manoseo. A raíz de eso nosotros tomamos intervención; esta chica vino a Fiscalía, declaró, aportó elementos de prueba y en su declaración manifestó que esta situación se habría manifestado con muchas chicas y aportó nombres de esas personas».

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) abundó cómo siguió la investigación: “Acto seguido comenzamos a buscar a estas chicas porque no había denuncias previas en sede policial, al final se presentaron cinco víctimas más, es decir, seis al día de la fecha. Lo que tienen en común todos los hechos es que trabajaban en el mismo lugar, que esa persona al principio parecía bien, era correcta, cordial y después lo común en todas era que trataba de sobrepasarse, comentarios fuera de lugar y en la mayoría de los casos pasó a mayores de abuso sexuales simple a abuso sexual con acceso carnal».

Celeste, una chica de 19 años, fue la primera a comienzos de febrero que hizo pública la situación de abuso sexual en denuncias formales, redes sociales y notas a medios de comunicación locales. El modus operandi relatado por las víctimas, con las diferencias de cada caso, tiene un denominador común. El acusado las contactaba por Facebook (generalmente jóvenes adolescentes sin experiencia que buscan su primer trabajo) para realizar tareas dentro del geriátrico donde hay unos 6 ó 7 abuelos. Luego las cita para indicarles las tareas que deben cumplir. Y generalmente la primera orden es ir a hacer la cama de los pacientes. Allí comienza el calvario, ya que sin mediar casi palabras ni tiempo, las acosaba o directamente a besar o a manosear.

Las atribuciones que hizo el fiscal, y que el juez aceptó, son por abuso sexual simple –cuatro hechos–, abuso sexual simple en grado de tentativa; abuso sexual con acceso carnal –dos hechos–; abuso sexual y amenazas.

Al momento que el juez le otorgó la palabra, Rodolfi expuso: «En ningún momento ni violé ni acosé a estas chicas y hay pruebas contundentes sobre las fechas que ellas denuncias no concuerdan con nuestros registros». Fernando Ritondale, defensor público, se opuso a las imputaciones por considerarlas insuficientes; dijo que existen incongruencias en las acusaciones y manifestó la necesidad de aportar más más evidencia.

El juez Pareto consideró que se encuentran cumplimentados los requisitos legales requeridos y resolvió que el imputado quede detenido en prisión preventiva por un plazo de 90 días para permitir la ampliación de las investigaciones y tener en cuenta la posibilidad de la aparición de más testigos y víctimas de hechos similares.