La investigación de los delitos, iniciada en mayo pasado con una denuncia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, está a cargo del fiscal Caterina. Las primeras auditorías cifran el desvío de fondos en unos 60 millones de pesos, pero estiman que el monto puede ser muy superior
En la mañana de este jueves comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario la audiencia imputativa a 14 personas apuntadas en la investigación por malversación de caudales con combustible destinado a patrulleros policiales de la Unidad Regional II de Rosario. Una primera auditoría evaluó en más de 60 millones de pesos el monto del fraude al Estado. Sin embargo, estiman que la cifra puede ser muy superior.
La audiencia, que se prevé dure dos días por la cantidad de involucrados y las pruebas reunidas, está presidida por el Juez de primera instancia Gustavo Pérez de Urrechu. La acusación está a cargo del fiscal José Luis Caterina, de la Oficina de Violencia Institucional de la Fiscalía Regional 2.
La investigación de los delitos, iniciada en mayo pasado con una denuncia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, está a cargo del fiscal Caterina. Él es quien pidió las últimas detenciones. Acosta estaba al frente de la Policía en Rosario desde mayo de 2023.
Dos meses después de iniciada la causa, en julio, dictaron la prisión preventiva efectiva para los uniformados Gerardo Ramírez, quien se desempeñaba como comisario supervisor a cargo del Garage de la Unidad, Rodrigo Domínguez, comisario supervisor y jefe de la Secretaría Privada, y Juan Villordo, inspector responsable del combustible de la Brigada Motorizada.
En el marco de la causa, ya hubo 38 allanamientos simultáneos en Rosario y la región. La pesquisa detectó una sobrefacturación en la carga de combustible mediante maniobras con las tarjetas Visa Flota, que son las utilizadas para abonar la nafta de los patrulleros. El fraude involucró, como contraparte, a por lo menos los responsables de una estación de servicio. Es la de Ovidio Lagos al 3900.
Cuando se destaparon las maniobras, la Justicia ordenó la detención preventiva de 16 policías y 4 civiles. Desde el poder político, el Gobierno provincial intervino la Unidad Regional II, por 90 días, y corrió a su jefatura. En reemplazo del detenido Acosta, designó como interventor al comisario general Claudio Romano. El vicejefe, Mariano Gobi, sigue en el cargo.
La investigación del fraude incluyó el análisis de planillas policiales, escuchas telefónicas, peritajes contables y hasta los datos del posicionamiento satelital que guardan los GPS de los móviles de la fuerza. También se tomaron testimonios y declaraciones de personal uniformado y de civiles sospechados de participar en las maniobras.
Como consecuencia de la pesquisa, la Justicia ordenó el secuestró unas 300 tarjetas de carga de combustible, las Visa Flota, y un posnet de la estación de servicio de Ovidio Lagos, que estaba en la casa de un agente.
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