El diputado santafesino Esteban Paulón presentó junto a colegas de otros partidos políticos el proyecto en el Congreso. Argumentan que habrá menos muertes, menos gasto, más fluidez en el tránsito y bienestar para las personas
“El peatón y el ciclista son cada vez más vulnerables. Todo pareciera que tiene que favorecer al auto, que cada vez es más veloz”, explica en diálogo con El Ciudadano, Esteban Paulón, quien junto a legisladores y legisladoras nacionales presentó un proyecto para modificar el artículo 51 de la ley de tránsito nacional 24.449, estableciendo el límite máximo de velocidad en zona urbana de 30 kilómetros por hora en calles y 50 kilómetros por hora en avenidas. El modelo ya funciona con buenos resultados en Europa, pero también América Latina como en Bogotá, donde bajó 32% la mortalidad asociada al tráfico vehicular.
“Está comprobado que la baja de esta velocidad máxima disminuye la siniestralidad y el riesgo de los eslabones más débiles en la cadena de la movilidad, pero a su vez no difiere mucho en la velocidad promedio que finalmente se desarrolla”, señala Paulón, quien semanas atrás acompañó el proyecto junto a la diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria), y los diputados Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y Pablo Juliano (UCR).
Según la OMS y la Global Road Safety Partnership, una persona atropellada a 30 kilómetros por hora tiene 90% de probabilidades de sobrevivir, mientras que si es impactada a 40 kilómetros por hora las chances bajan a 72%. A 60 kilómetros por hora –la actual máxima en avenidas en Argentina– las posibilidades son cercanas al 0%.
Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una persona muere cada dos horas en siniestros viales en Argentina. En 2023 fueron 4.369 vidas.
“Está ampliamente aceptado por numerosos estudios que, bajando tan solo un 5% la velocidad media, se pueden reducir un 20% la cantidad de siniestros viales con víctimas fatales”, escribieron quienes presentaron el proyecto.
Según estudios realizados por la ANSV, el costo de la siniestralidad vial en la Argentina alcanzó el 1,6% del PBI en 2019. “Cada pérdida implicó, además del dolor y el sufrimiento en su familia y allegados, un gasto para el Estado y la sociedad de $69.633.090 en ese año, equivalente a $2.311.283.019 en junio del 2024 ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC”, agregaron quienes legislan.
Según escribieron en el proyecto, un tercio de las víctimas fatales por siniestros viales ocurren en calles y avenidas. “Reducir las velocidades máximas en las ciudades, que es una política pública asequible, ayudará a salvar vidas y evitar que una sociedad y un estado con escasez de recursos deban afrontar las consecuencias de dichas pérdidas”, señalaron desde el grupo legislativo.
Atendiendo a las posibles críticas, destacaron que la velocidad promedio en las grandes urbes de Argentina es de 24 kilómetros por hora y se debe a que las velocidades altas generan siniestros viales y maniobras menos anticipables, entorpeciendo el tránsito. “Al reducir las velocidades máximas, el tránsito tiene mayor fluidez, modificando marginalmente el tiempo de viaje, manteniéndolo e incluso reduciendo la congestión del tránsito, como ha sido probado en varias ciudades europeas”, señalaron en el proyecto.
El límite de 30 funciona desde hace años en varias partes del mundo. París, Bruselas, Lyon, Bologna, entre otros ejemplos.
Siempre según fundamentaron en el proyecto, las velocidades bajas en contextos urbanos tienen numerosos beneficios que mejoran la calidad de vida de las personas. En particular, calidad del aire y ruidos. Es que al ir más rápido los vehículos consumen más combustible y los transportes emiten más gases. “Un estudio realizado en Londres ha demostrado que al fijar las velocidades urbanas en 30 y 50 kilómetros por hora pueden reducir en hasta un 40% los niveles de ruido regulares”, señalaron.
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