Así lo resolvió la Cámara Federal porteña. En la causa, el ex presidente estaba acusado por los delitos de homicidio y lesiones culposas durante los hechos ocurridos en diciembre de ese año, que derivaron en la caída de su gobierno.
La Justicia porteña ratificó el sobreseimiento del ex presidente Fernando De la Rúa, en la causa en la que estaba acusado por los incidentes del 20 de diciembre de 2001, que derivaron en su posterior renuncia a la primera magistratura. Se había denunciado la ilegalidad del decreto que estableció el estado de sitio.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de De la Rúa en la causa por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001, en la cual el ex presidente estaba acusado por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
El criterio que siguió la mayoría del tribunal (jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) parte de negar que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al por entonces presidente de la Nación en «posición de garante» de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior, obligándolo de ese modo a reasumir decisiones administrativas delegadas por ley en una cadena jerárquica de funcionarios subalternos -que tenían a su cargo la dirección de la faz operativa del aparato de seguridad montado en la Ciudad de Buenos Aires- y evitar, con ello, que se produjeran los homicidios y lesiones ocurridos durante la jornada, según constata el Centro de Información Judicial (CIJ).
Los magistrados resaltaron que De la Rúa no había tomado decisiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior, en particular alguna que indicara que se debía impedir la congregación de manifestantes en la Plaza de Mayo, dejando el manejo de la cuestión en los órganos que tenían competencia específica en la materia.
Asimismo, aseguraron que desde su ámbito funcional el ex presidente podía confiar en que cualquier abuso o incorrecto desempeño de la Policía Federal Argentina sería controlada e informada por quienes se desempeñaban como secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y/o ministro del Interior, Ramón Mestre (principio de confianza).
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