El programa nacional de recompensas solo dejó una persona en el listado que hasta diciembre contenía 22 nombres. Se da en un contexto de desfinanciamiento de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia
El 10 de diciembre de 2023, por primera vez en 40 años, asumió la presidencia de la Nación un dirigente que según las circunstancias niega, relativiza o revindica el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. De hecho, la vice de Javier Milei es Victoria Villarruel, una de las férreas defensoras de la consigna “Memoria completa” que busca justificar los crímenes de los militares por la existencia organizaciones guerrilleras.
Hasta diciembre el Ministerio de Seguridad de la Nación tenía un listado con 22 personas prófugas de la Justicia por delitos de lesa humanidad. El Programa Nacional de Recompensas ofrecía 5 millones de pesos a quien otorgara información útil sobre el paradero de esas personas que condujeran a su arresto. Ahora solo queda una persona, Aníbal Miguel Sánchez quien había sido incorporado a la lista en abril de 2023 y cuya última orden de detención fue en 2018.
Llama la atención la baja de todos los demás cuando no hubo novedades judiciales sobre el paradero de ninguno. Uno de ellos es Gustavo Bueno, cuyo perfil se reconstruyó en una crónica publicada en este medio a fines de 2023. Sobre este ex Personal del Servicio de Inteligencia (PCI) hubo dos órdenes de detención pero la última vez que se supo de él fue en 2009. Se lo acusa por su participación en el secuestro y asesinato de dos víctimas del terrorismo de Estado.
La noticia se da en un contexto de continuos ataques discursivos contra las consignas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina y el desfinanciamiento de áreas del Estado que trabajaban en estas políticas públicas. Hoy mismo, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, el presidente dijo: “Convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trascienda a este Gobierno”.
Según el último informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde que se reanudaron los juicios en 2006 hubo 36 personas en calidad de prófugos. Desde la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hubo 321 sentencias, en las que fueron condenadas 1176 personas y 183 resultaron absueltas.
La información fue reunida por la oficina especializada a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, con datos actualizados hasta el 15 de marzo pasado por las fiscalías federales y unidades fiscales de todo el país que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
De acuerdo con estos datos, 17 juicios se encuentran en curso.
Aníbal Miguel Sánchez, el único que quedó en el listado vigente del programa de recompensas, cumplió funciones como oficial en el Regimiento de Infantería N° 6 «General Viamonte» de Mercedes durante la última dictadura.
Se le imputa su intervención como partícipe necesario en el asesinato de ocho personas y el secuestro de 36.
Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, al número telefónico 134. La denuncia es anónima.
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