El dictamen de mayoría de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías no tuvo en cuenta la mayor parte del aporte que la Universidad Nacional de Rosario, los institutos terciarios y los sindicatos de prensa, entre otros actores clave de la comunicación, plasmaron en su propuesta para el artículo 11, que versa sobre libertad de expresión y pauta "transparente y equitativa". Para Fabio Montero (Iset N° 18) "quedan grises muy importantes"
Rosario Avalis / Especial para El Ciudadano
En el marco de la Convención Reformadora de Santa Fe, el dictamen de mayoría que obtuvo el artículo 11 en comisión no contempla la propuesta que hicieron los institutos de educación superior, como el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (Iset) N° 18 y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en cuanto a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la creación de consejos consultivos que brinden asesoramiento para mejorar el funcionamiento de los medios y las agencias públicas de comunicación.
Fabio Montero, Jefe de Sección de Periodismo del Iset N° 18, entiende que la propuesta de los institutos de formación profesional vinculados con la comunicación debe formar parte del nuevo artículo 11: “Nosotros como instituciones formamos profesionales y en este sentido lo que planteamos es un sentido ético y responsable, de cada uno de los profesionales que formamos”. De allí es que surge esta propuesta incluida en el texto presentado por organizaciones sindicales, académicas y de medios comunitarios a integrantes de todos los bloques de la Convención, que no fue tenida en cuenta en la redacción del dictamen de mayoría, que controla el oficialismo provincial.
El antecedente que aportó un marco para incluir este punto en la propuesta es el Consejo Consultivo que tiene Radio y Televisión Santafesina (RTS). En la ley 13.394, que creó la sociedad del estado RTS, se especifican incluso qué instituciones pueden integrar este Consejo. El texto incluye universidades públicas con sede en la provincia, escuelas de Periodismo, Locución, Teatro, asociaciones sindicales representantes de los trabajadores de medios audiovisuales, entre otras.
Montero también manifestó su preocupación en relación con el acceso a la información pública, que sí se incorpora como un nuevo aspecto en el dictamen, pero que incluye la posibilidad de que cualquier órgano del Estado deniegue información fundamentando el porqué de la decisión. Dice el directivo sobre este punto: “Me parece que es muy generosa esa última oración y deja abierta la posibilidad de que se pueda fundamentar esta decisión con pautas no muy restrictivas; lo que en definitiva permita que el Estado no avance en la posibilidad de informar sobre los pedidos que haga un periodista o cualquier persona, porque esto lo puede hacer cualquier persona”.
Según Montero, el dictamen de mayoría que se difundió en forma pública “le agrega muy poco, muy poco a lo que ya tenía el artículo 11 de la actual Constitución”. Pero, además, no contempla la mayoría de los puntos que fueron presentados en el texto propuesto por las organizaciones: “Acá quedan grises muy importantes que nosotros lo habíamos tenido en cuenta y lo habíamos propuesto”.
Además de los puntos ya mencionados, estos son otros de los aspectos planteados en la propuesta de redacción de los actores de la comunicación que no fueron tenidos en cuenta en el dictamen de mayoría, el que será debatido el próximo jueves:
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