Reforma laboral: los gremios apuestan que el debate se extienda

Por: Martín Piqué / www.tiempoar.com.ar 

Estrategias múltiples, objetivo unificado. Y aunque haya matices -que los hay- se trata de intervenir desde distintos flancos para aportar a la meta común. Esta síntesis describe la postura que desplegará el sindicalismo argentino en las tensas semanas por venir. El desenlace deseado tiene hipótesis de máxima y distintas gradualidades según la fuerza callejera, el consenso construido y la capacidad de presión que logren ejercer los gremios: sobre todo en puntos claves y muy poblados del país. El horizonte más ambicioso, está claro, sería sorprender con un rechazo del proyecto de “modernización laboral” que promueve el mileísmo. Así ocurrió durante el alfonsinismo (marzo de 1984) con la llamada “Ley Mucci”.

Otra opción, sin emargo, sería forzar una postergación del debate para que el tratamiento de una reforma tan profunda de las relaciones laborales y de los derechos colectivos e individuales no se desarrolle íntegramente en pleno verano, durante las sesiones extraordinarias que el gobierno convocó para el período que se iniciará mañana 2 de febrero y culminará el 27 de este mes. Sería, dado el contexto, una alternativa mucho más asequible para el movimiento obrero.

Desde esta premisa, las centrales sindicales entienden que el apuro del gobierno en este tema se explica por la intención de aprovechar un clima político y de relativa pasividad social que lo favorece. Persisten los ecos triunfalistas de la jornada electoral del 26 de octubre. Pero ese ánimo colectivo podría evaporarse a medida que avance el año. Por la continua y sistemática destrucción de empleo, los gremios prevén -y en muchos casos también desean- un progresivo deterioro de los índices de imagen y aceptación del oficialismo.

Por todo eso, la variable “tiempo” representa para el movimiento obrero una lógica inversamente proporcional a la que supone para el mileísmo y sus aliados. Si la velocidad (una suerte de aceleracionismo, para usar un término teórico bastante en boga) favorece a la Casa Rosada, el transcurrir de los meses contribuiría, por el contrario, a la ampliación del descontento. Demorar la definición para que se desarrolle el debate en un contexto diferente, por otro lado, generaría más incomodidad entre los gobernadores que no integran la coalición libertaria. Son aquellos que están negociando y que públicamente no se terminaron de pronunciar.

En suma, tanto la CGT como las dos CTA saben que están ante uno de los desafíos más complejos que enfrentó el gremialismo desde la recuperación de la democracia: una reforma bastante “radical”, ideada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, avalada por el propio Javier Milei y que promete ser defendida con la mayor enjundia por la senadora Patricia Bullrich. Una iniciativa de 197 artículos que -dato clave- cuenta con el apoyo de sectores importantes de la elite empresaria.

¿Cuáles son las variables y estrategias que evalúan los distintos sectores del gremialismo ante este panorama? ¿Qué acciones preparan sin obviar que una franja creciente de la masa laboral del país busca el sustento en actividades informales como parte de la “patria monotributista”? Son los que lidian con empleadores no tradicionales -el algoritmo de la autoexplotación vía plataformas digitales- pero, sobre todo, sin encuadramiento sindical. Para empezar, la prioridad es que se haga visible el rol de los gobernadores que no forman parte de LLA. Es buscar el diálogo con ellos y al mismo tiempo ponerlos en el centro de la escena.

En diálogo con Tiempo, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, remarcó que una de las acciones del sindicalismo por estos días es hablar “con legisladores y gobernadores”. Rodríguez, al igual que sus pares, es plenamente consciente de que el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió como tarea prioritaria recorrer el país para entrevistarse con mandatarios provinciales y -por esa vía- sumar manos levantadas para el proyecto oficial. “Nosotros también estamos hablando con legisladores y gobernadores. El movimiento obrero es uno solo, más allá de matices y diferencias que a veces tenemos los dirigentes para ver cuál es el mejor camino. Todos rechazamos la modernización laboral de este gobierno. Y todo lo que complemente ese objetivo bienvenido sea”, amplió el estatal Rodríguez.

Otro referente de la CGT que habló sobre los gobernadores y el debate que se viene fue el metalúrgico Abel Furlán. Titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), fue el anfitrión de un plenario conjunto de varios gremios y sectores en el que se decidió llevar a cabo una serie de movilizaciones de carácter federal en rechazo al proyecto mileísta. Los lugares elegidos para las protestas fueron seleccionados expresamente. El próximo jueves el destino será la productiva Córdoba, atravesada por una crisis en su entramado industrial; el martes 10 la convocatoria se repetirá pero en la provincia de Santa Fe.

“El día 5 vamos a pedirle explicaciones al gobernador de Córdoba (Martín Llaryora) para que nos cuente qué es lo que está negociando para tratar de darle apoyo en este caso al gobierno nacional. ¿Un cordón cuneta, el bacheo de una ruta nacional, un puente, a cambio de someter a los trabajadores al despojo de sus derechos?”, cargó Furlán  en diálogo con este diario.

Y sobre el cronograma de futuras acciones agregó: “Vamos a hacer lo mismo con todos aquellos que estén comprometiendo el voto de sus legisladores. Mi organización (por la UOM) ya tiene decidido un paro con movilización en repudio y rechazo a este proyecto de ley que no tiene un sólo artículo en favor de los trabajadores”. Furlán, finalmente, dijo estar sorprendido por “las expresiones de algunos gobernadores”, quienes, cuestionó, “se manifiestan dispuestos a aprobar y acompañar un proyecto que somete a los trabajadores a un despojo como nunca se ha visto”.

Con la misma lógica y un énfasis parecido se pronunció el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. “Yo creo que los gobernadores que se postularon como opositores tienen la oportunidad de demostrar para qué fueron votados. Muchos de ellos, además, lo hicieron al lado del movimiento obrero en sus provincias. Esperamos que sus legisladores tengan un papel relevante tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Salvo que estén dispuestos a traicionar al movimiento obrero, a los trabajadores y a su propia campaña electoral”, advirtió ante una consulta de Tiempo.

Palazzo -que es diputado nacional- conoce de primera mano los debates legislativos. Lo mismo podría decirse de su información sobre la mora (bancaria y no bancaria) de las familias endeudadas: “Está por encima del 6% y, según algunos estudios privados, si le agregás la mora en circuitos informales de endeudamiento, se habla del 10 por ciento. Una brutalidad”, reveló.

Otro miembro de la Cámara Baja, el abogado laboralista «Huguito» Moyano, puso el foco sobre un capítulo en particular del proyecto, un apartado que afecta la recaudación y su reparto coparticipable y que, por eso mismo, perjudica abiertamente a las provincias. Sobre ese punto reprochó que “gobernadores que se llaman peronistas” limiten su análisis de la hipotética reforma “a las consecuencias coyunturales en la recaudación” que tendría en sus distritos.

“Muchos gobernadores se han expresado y han dicho que hay un capítulo en específico que les genera resistencia. Eso tendría  que tener  un análisis más profundo porque la esencia del peronismo son los trabajadores y el movimiento obrero”, objetó al ser consultado por Tiempo. Y luego añadió: “La mejor estrategia (para enfrentar el proyecto de ‘modernización’) es la que se defina en conjunto. No creo que haya una sola, una única. La CGT no descarta ninguna medida de acción”. Docente universitario y asesor jurídico de varios gremios, Moyano expuso uno de los objetivos del polo sindical: “Es importante lograr que (el proyecto) no se trate en (sesiones) extraordinarias. No es bueno aceptar esta estrategia del gobierno, de tratarlo en una época del año en la que la sociedad quizá no esté demasiado interiorizada”.

Todos los espacios sindicales coinciden en los riesgos que implica el proyecto para la arquitectura del movimiento obrero, la seguridad social y derecho del trabajo. Hugo Yasky, diputado nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, resumió como principales peligros “la afectación del derecho de huelga, la posibilidad de despedir sin causa y haciendo gratuitos los despidos”. Además de «la creación de esa especie de fondo como las AFJP” (por el Fondo de Asistencia Laboral) para  financiar despidos con la plata de los jubilados”. “Quieren lubricar el tubo por el cual están tirando a la informalidad a decenas de miles de trabajadores”, denunció. El diagnóstico es tan crudo como compartido.

En las centrales obreras, de todos modos, creen que al gobierno la situación económica y social se le seguirá agravando. Basan los pronósticos en las suspensiones, los despidos y los cierres de empresas. También en los indicadores de atraso en pago de tarjetas y cuotas de préstamos. Los niveles de conflicto, según esta visión, se irán multiplicando a medida que avance el año. Un escenario que se superpone con la estridente puja entre Paolo Rocca y el propio Milei por la licitación privada que perdió Tenaris (Techint) en manos de una empresa de India.
Entre esas previsiones, el titular de UPCN lanzó una advertencia sobre el riesgo que -en su opinión- implicaría para las propias empresas abandonar el convenio colectivo por actividad para establecerlo por empresa. “Modificar eso es jugar con fuego”, subrayó Rodríguez. Y agregó: “Hay que preguntarles a los empresarios si prefieren negociar con las comisiones internas de sus empresas o con el sindicato por actividad. Al gobierno le puede salir un tiro por la culata por el ánimo de desfinanciar y destruir la organización sindical”.