La organización Fundar realizó un trabajo donde señala los beneficios fiscales y aduaneros a las familias de Nicky Caputo y de Rubén Chernajovsky, propietarias respectivamente de Newsan y Mirgor
Un análisis profundo realizado por Fundar revela cómo los privilegios se han desviado hacia la concentración económica en dos empresas, planteando la urgente necesidad de una reforma para un desarrollo más equitativo y sostenible.
En el extremo sur de Argentina, el «Régimen de Tierra del Fuego», instaurado por la Ley 19.640 en 1972, nació con una misión estratégica: impulsar el crecimiento poblacional y económico en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A medio siglo de su puesta en marcha, un estudio exhaustivo realizado por el centro de pensamiento Fundar, y liderado por los investigadores Tomás Bril Mascarenhas y Juan Carlos Hallak, ha sacado a la luz una realidad provocativa: el régimen, si bien ha sido exitoso en aumentar la población, pero desembocó en una concentración económica enfocada en dos empresas principales, Newsan y Mirgor.
El Régimen de Tierra del Fuego fue ideado para fomentar la inmigración y la creación de empleos en una región aislada y estratégicamente importante para Argentina. Se otorgaron generosos beneficios fiscales y aduaneros para atraer inversiones y población. Tras cinco décadas, el balance demográfico muestra un indudable éxito ya que la población de la isla aumentó de 13.000 a aproximadamente 190.000 habitantes en 2022.
El estudio de Fundar señala que el «subrégimen industrial», una parte fundamental del Régimen, ha concentrado la mayoría de sus beneficios en la industria electrónica, favoreciendo especialmente a dos grupos empresariales: Mirgor y Newsan, propiedad de la familia de Nicky Caputo y Rubén Chernajovsky, respectivamente. Esta concentración marginó otras áreas de desarrollo potencial, limitando la diversificación económica de la región.
Los incentivos fiscales, como la exención de IVA y aranceles para la importación de insumos, han sido cruciales en esta concentración. Aunque fueron diseñados para fomentar la producción local, en la práctica, han incentivado la importación de componentes y el ensamblaje en la isla, con poco valor agregado local. Esto ha llevado a un costo fiscal considerable para el Estado argentino, estimado en 1.070 millones de dólares.
A pesar del éxito en términos de empleo y crecimiento poblacional, el régimen ha fallado en crear una economía diversificada y autosustentable. El ensamblaje de productos electrónicos, aunque beneficioso para las empresas mencionadas, no ha generado un desarrollo económico amplio ni ha contribuido significativamente a la economía nacional en términos de exportaciones o innovación tecnológica.
Ante esta realidad, el estudio de Fundar propone una reforma profunda del subrégimen. La idea es alinear los incentivos fiscales con la innovación y la agregación de valor, promoviendo una diversificación económica que no dependa exclusivamente de la industria electrónica. Se sugiere fomentar sectores como el turismo, el software, la petroquímica y la pesca, aprovechando las ventajas únicas de la región.
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