El canciller boliviano, David Choquehuanca, anunció que todos los ministros del presidente Evo Morales pusieron a disposición su renuncia. En una breve rueda de prensa, el funcionario explicó que la decisión tiene que ver con la conclusión de un ciclo anual y dijo sólo el presidente Morales tiene la decisión de ratificar o convocar a otros colaboradores para la nueva configuración del gabinete.
Sin embargo, el canciller dijo que la posesión de nuevo gabinete debe producirse en el curso de las próximas horas, «máximo mañana», aunque remarcó que esta es una tarea exclusiva del mandatario.
Desde que Evo Morales llegó al poder por primera vez en enero de 2006, cada año se han producido ajustes y cambios en el consejo de ministros, no obstante, ésta es la primera vez que el canciller oficializa públicamente la renuncia de todos los ministros para facilitar este proceso.
De acuerdo con datos publicados el sábado por el matutino «La Razón», el nuevo consejo
de ministros tendrá como base a los salientes ministros de Economía, Luis Arce; de Educación, Roberto Aguilar, y de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.
Morales fue reelegido en diciembre de 2009 y el pasado año inició su segundo período presidencial, aunque bajo el paraguas de una nueva Constitución, que ha cambiado la nominación de República de Bolivia por la de Estado Plurinacional de Bolivia.
En ese marco, Morales entregó el sábado un mensaje al país en el que pidió «acabar las broncas» en la perspectiva de generar mejores condiciones para el desarrollo del país.
El cambio de ministros se produce al inicio del sexto año de gobierno de Evo Morales ante la expectativa ciudadana de hallar soluciones integrales para superar la escasez de alimentos, así como la necesidad de resolver los problemas económicos derivados de la subvención de los precios de la gasolina y el diésel que el pasado año le demandó al país 380 millones de dólares.
En Bolivia, estos carburantes se comercializan como si el barril de petróleo se cotizara en 27 dólares, cuando en realidad ronda los 100 dólares. El 26 de diciembre pasado, el gobierno decretó la «nivelación» de estos precios, provocando un alza de hasta 83%.
La medida, que fue anulada cinco días después por efecto del rechazo ciudadano expresado en movilizaciones de protesta, generó varias críticas de los opositores, pero incluso de los sindicatos, afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
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