El viernes Amparo Medina dará una charla para estudiantes secundarios en la capital provincial y después planea llegar a Rosario. Desde el Gobierno de Santa Fe analizan si atenta contra las leyes de Educación Sexual Integral, Matrimonio Igualitario, entre otras.
La presidenta de la Red Pro Vida de Ecuador, Amparo Medina, visitará Rosario y la capital provincial esta semana. El viernes estará frente a alumnos de secundarias de colegios confesionales en la Universidad Católica de Santa Fe. Para el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual provincial, Esteban Paulón, la visita de la militante Provida pone en riesgo algunas de las leyes aprobadas en la provincia. En particular, la de Educación Sexual Integral (ESI), la de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género.
El gobierno santafesino puso en alerta al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y a reparticiones dedicadas a cuidar de la diversidad sexual de Santa Fe. Este martes Paulón se reunirá con autoridades del Ministerio de Educación y prometió acompañar acciones públicas en rechazo de Medina. “Existe la libertad de expresión, pero hay que ejercerla con responsabilidad. Hay una diferencia entre una charla para adultos y una para escuelas. Estamos preocupados porque suponemos que Medina planteará contenidos que van en contra de la leyes que protegen los derechos como la ley de acoso escolar y hostigamiento y la ley de protección a la infancia que garantiza la libre orientación sexual”, explicó Paulón a El Ciudadano.
Amparo Medina militó en grupos de la izquierda, fue guerrillera y luchadora pro aborto. Fue funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En la actualidad preside de la Red Provida de Ecuador. “Trabaja en organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica difundiendo mensajes de odio en relación a diversidad sexual y género. Cuestiona el matrimonio igualitario y la identidad de las personas trans. Es nuestra responsabilidad cuidar que a los estudiantes le lleguen contenidos correctos, de rigor científico y que garanticen los derechos humanos”, agregó Paulón. “Es responsabilidad del Ministerio de Educación controlar los contenidos de las charlas a las que asisten los estudiantes. Los discursos de odio fomentan la violencia contra las personas. Las expresiones máximas son el femicidio, el travesticidio o la homolesbotransfobia. Estos discursos no pueden permitirse y constituyen un límite a la libertad de expresión”, concluyó el subsecretario.
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