La decisión la tomó la Cámara Federal de Rosario tras revisar la sanción impuesta a la firma que operaba con la concursada Vicentin, por no liquidar las operaciones de exportación por la suma de 691 millones de dólares
La Cámara Federal de Rosario revocó el monto de una irrisoria multa impuesta a la firma Díaz & Forti, perteneciente al grupo Olio, por evasión y resolvió elevar de 4 millones a algo más de 186 millones de dólares la sanción. Se estableció que la firma que operaba con Vicentin fue responsable de evadir 691 millones de dólares.
Díaz & Forti es una firma acopiadora y exportadora oriunda de Chaco, que inició sus actividad como parte del grupo Olio. En 2020 logró un contrato con Vicentin para alquilar su molienda y el puerto que operaba en el norte del país, algunos meses después de la firma del contrato para operar a fasón, Vicentin entró en concurso preventivo.
Según la investigación, tras esta circunstancia la cerealera, en lugar de liquidar los dólares resultantes de las exportaciones por el mercado oficial de cambios, los retenía en el exterior o los ingresaba por el CCL y obtendría una ganancia extra de prácticamente el ciento por ciento, por lo que terminó bajo la lupa por evasión a la ley penal cambiaria.
Según la información del caso, las operaciones de exportación no liquidadas oficialmente alcanzaron la suma de 691.066.035 millones de dólares entre el 4 de mayo de 2020 y el 12 de mayo del año siguiente. Maniobra que se reiteró hasta que fue detectada por el Banco Central, que determinó la suspensión de su inscripción como exportador y el pedido de inhibición a la Aduana para que no se le autorizará las solicitudes de embarque, según describieron fuentes del caso.
La denuncia vino de parte del Banco Central que detectó la maniobra. El presidente de la firma, Marcelo de Vicentis, fue asesorado hasta la asunción del presidente Javier Milei por el hoy ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que antes de asumir el cargo renunció a la defensa.
De Vicentis reconoció el incumplimiento de las normas cambiarias, pero adujo que «la conducta reprochada se encuentra amparada en una causa de justificación que excluye la antijuricidad» y agregó: «Concretamente refiere que la omisión de liquidar las divisas originadas en las exportaciones obedeció exclusivamente a la acuciante y crítica situación de necesidad suscitada durante el ejercicio 2020».
El juez Carlos Vera Barros, a cargo de la investigación, desechó el planteo defensista y dispuso el pago de una multa que resultó mínima a comparación del techo que fijaba la ley, que en el caso ascendía a 6900 millones de dólares.
El juez consideró que la sanción a imponerse debe ser prudente y no representar un sello de muerte para su continuidad» y consideró razonable aplicar una sanción de 4 millones de dólares.
El fallo fue cuestionado y fue ahora revisado por los camaristas federales Fernando Barbará y Aníbal Pineda, quienes resolvieron elevar la multa algo más de 186 millones de dólares.
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