Imperiosa necesidad de obtener recursos con el argumento de mejorar la eficiencia operativa y modificar la lógica de intervención del Estado en áreas estratégicas bajo el paradigma de la retirada
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El Gobierno nacional trabaja en un controvertido esquema de desinversión estatal que contempla la venta o concesión de más de una decena de compañías públicas a lo largo del próximo año, con el objetivo de obtener recursos y el argumento de mejorar la eficiencia operativa y modificar la lógica de intervención del Estado en áreas estratégicas.
Dentro de ese plan se incluyen procesos sobre la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea, junto con otras firmas vinculadas a la defensa, la logística y los medios públicos.
La nómina también abarca a Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y Télam, todas alcanzadas por la decisión oficial de reducir la presencia estatal directa en actividades productivas y de servicios.
En paralelo, el Ejecutivo analiza avanzar con la privatización de compañías de mayor escala, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, responsable del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Como paso previo, el Gobierno completó el proceso de conversión de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), una condición clave para habilitar futuras operaciones con capital privado.
La última transformación se formalizó con Ferrocarriles Argentinos, que dejó de operar como Sociedad del Estado y pasó a constituirse como Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), quedando bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Esta decisión se enmarca en lo dispuesto por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023, que establece que las empresas con participación estatal deben regirse por las mismas reglas que las firmas privadas, sin prerrogativas públicas.
El foco principal del programa está puesto en energía y transporte, e incluye activos como Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas, la empresa energética Enarsa, Intercargo (que ya despertó interés internacional) y la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía, considerada clave para el comercio exterior.
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