La banda, que tenía su centro de operaciones en Tucumán, movía la droga desde la localidad salteña de Aguas Blancas hacia el sur del país. Para ello, compraban los vehículos donde acondicionaban la sustancia y los ponían a nombre de los conductores, a quienes contrataban para llevar la carga u oficiar de “punteros”
El fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, de la oficina regional NOA de la Procuraduría de Narcocriminalidad, formalizó la imputación respecto de cuatro personas acusadas de integrar una organización que transportaba estupefacientes desde la localidad salteña de Aguas Blancas, hacia el sur del país. En la audiencia celebrada el 13 de abril pasado, el juez federal de Garantías N°1 de Salta Julio Bavio dictó su prisión preventiva.
Así, en el marco de la actuación coordinada por la PROCUNAR, que encabeza el fiscal federal Diego Iglesias, y su oficina regional NEA a cargo del fiscal federal Matías Scilabra, y la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, que encabeza su colega Claudio Kishimoto, se imputó a H.M.P., R.A.P., J.M.S. y A.N.J., como presuntos coautores del delito de transporte agravado por el número de intervinientes.
Las cuatro personas fueron detenidas el 11 de abril pasado, en el marco de una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por personal del Centro de Operaciones Antidroga de la Gendarmería Nacional, en la provincia de Tucumán, desde donde la organización dirigiría sus actividades.
De acuerdo a lo expuesto por los auxiliares fiscales Nicolás Fernández y Florencia Altamirano, las detenciones se enmarcaron en la tarea coordinada con la oficina regional NEA de la PROCUNAR, que investigaba a distintos miembros de la banda.
La PROCUNAR NOA investigaba el hallazgo de 13 kilos de cocaína, el 30 de agosto de 2025, en General Pizarro, en el sur de la provincia de Salta. Por el hecho, tres personas fueron detenidas e imputadas por transporte de estupefacientes agravado. La información obtenida de sus teléfonos celulares evidenció la identidad de quienes actuaron como organizadores y como “punteros” para el envío de la sustancia.
En paralelo, el fiscal federal Scilabra y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias -de la Oficina Regional NEA de la PROCUNAR- junto al fiscal federal Kishimoto y el auxiliar fiscal Agustín Mori -de la sede Descentralizada San Lorenzo- investigaban el transporte de 18 kilos de cocaína, descubiertos el 5 de julio de 2024, en la localidad santafesina de Luis Palacios.
En aquella oportunidad, se detuvo a cinco personas por el transporte de la droga, que estaba oculta en el interior del tanque de combustible de un vehículo, que circulaba junto a otro automóvil que oficiaba de “puntero”.
En ambos casos, las personas detenidas estaban acompañadas por niños y niñas menores de edad, con el objetivo de disimular la razón real del viaje.
En la audiencia celebrada el 13 de abril pasado, los auxiliares fiscales Fernández y Altamirano le explicaron al juez Bavio que las personas detenidas en Salta, en agosto de 2025, eran las mismas que la PROCUNAR NEA investigaba. Sus nombres habían surgido de escuchas telefónicas dispuestas en aquel caso y el uso de técnicas especiales de investigación.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados en ambos procedimientos evidenció nexos en común entre ambas investigaciones, que revelaron la existencia de una estructura criminal y sus eslabones superiores. Los resultados de las intervenciones telefónicas y el aporte de un imputado colaborador permitieron identificar a los líderes de la organización y las demás personas involucradas, al tiempo de que se conoció cómo operaban para evitar la actividad de las fuerzas de seguridad.
Se trata de un grupo familiar, que coordinaba cada transporte de cocaína. La droga se obtenía en la frontera salteña con Bolivia y se ocultaba en los tanques de nafta de distintos vehículos que eran adquiridos, en una concesionaria tucumana y que eran inscripto a nombre de las personas que iban a transportar el estupefaciente. La droga proveniente de Salta, era llevada a Tucumán y luego a otros puntos del país.
Dado que los máximos responsables de la organización estaban prófugos, el juez Bavio y su colega Román Lanzón -del Juzgado de Garantías N°2 de Rosario- solicitaron su captura internacional.
En la audiencia, la fiscalía expuso los mensajes y chats obtenidos de los teléfonos celulares, de los que surgía cómo las personas implicadas advertían sobre los puestos de control existentes en las rutas: “Esta todo limpio”, “lárgate” y “trajeron la droga no…”.
En base a estas y otras evidencias, la fiscalía formalizó la imputación penal, y requirió la prisión preventiva de los cuatro imputados, en base a la gravedad y naturaleza del hecho, los riesgos de fuga y entorpecimiento, como así también la alta escala penal del caso, lo que imposibilita cualquier beneficio de orden condicional.
Pese al pedido de la defensa de que se morigerara la medida por un arresto domiciliario, el juez Bavio coincidió con los argumentos de la fiscalía –que calificó el caso de “muy grave”– e hizo lugar a su pedido.
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