Política

Sabsay cuestionó la reforma penal: “Es excesivo que delitos no estatales no prescriban”

El constitucionalista advirtió que el mero aumento de penas no garantiza la disminución del delito. Y condenó enérgicamente modelos como el de El Salvador

El constitucionalista Daniel Sabsay consideró «excesivo» extender la imprescriptibilidad penal a un amplio rango de ofensas que no constituyan defraudación al Estado, durante su análisis de las reformas propuestas al Código Penal por el Ejecutivo Nacional.

Sabsay advirtió que el mero aumento de penas no garantiza la disminución del delito, y en cambio priorizó la aplicación de buenas políticas de prevención y educación. Si bien el abogado apoya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, conforme a la Constitución Nacional, calificó como excesivo extender esta medida a un amplio rango de otras ofensas.

En una entrevista por Splendid AM 990, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Sabsay enfatizó que el cumplimiento efectivo de las sentencias debe ir acompañado de la construcción de nuevas cárceles para evitar el hacinamiento y asegurar la clasificación de reclusos, respetando siempre el debido proceso. Finalmente, el letrado condenó enérgicamente modelos como el de El Salvador, insistiendo en que las políticas penales no deben caer en el «salvajismo» sino en la rehabilitación social.

Cuestionamientos sobre la imprescriptibilidad

Sabsay insistió en que «es excesivo que delitos que no sean defraudación al Estado no prescriban», a pesar de la importancia de que se toque el tema porque es «uno de los temas que realmente le preocupa a la gente, tiene que ver con la seguridad de todos, seguridad de la comunidad». El constitucionalista se manifestó a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, alineándose con el espíritu del artículo 36 de la Constitución Nacional, conocido como cláusula de defensa de la democracia. No obstante, advirtió sobre la intención de extender esta medida a un amplio rango de otras ofensas.

El abogado constitucionalista calificó como excesivo que otro tipo de delitos tampoco prescriban, a pesar de que el gobierno esté planteando un endurecimiento del código penal. Si bien consideró que se podría analizar la imprescriptibilidad para «los delitos contra integridad sexual en particular de menores», insistió en que «una excepción mayor no creo que esto sea conveniente».

Cumplimiento de penas y cuestión carcelaria

Respecto al cumplimiento efectivo de las penas, Sabsay se mostró de acuerdo, pero señaló la urgencia de acompañar esta política con la construcción de nuevas cárceles para evitar el hacinamiento y asegurar la correcta clasificación de los reclusos. Alertó sobre el riesgo de mezclar a «quienes han cometido delitos de… escasa importancia con aquellos que sí que son criminales peligrosos, porque me parece lo peor como posibilidad de cumplimiento efectivo».

El constitucionalista insistió en la importancia de «confiar en buenas políticas de rehabilitación» y de la posibilidad de «poder reintegrarlos a la sociedad», enfatizando que cualquier reforma debe respetar siempre «el debido proceso y todos los convenios de derechos humanos que en nuestro caso tienen jerarquía constitucional».

Modelo Bukele: «Un ejemplo horrible»

En cuanto a la mención del modelo de seguridad implementado en El Salvador, el doctor Sabsay condenó enérgicamente su aplicación. Expresó que le parece «un ejemplo horrible», refiriéndose a la forma en que se da el cumplimiento de las penas como «un salvajismo que nos remite a los peores momentos de la humanidad». Además, criticó el modo «muy discutible» en que se llevan a cabo los procedimientos de detención, a veces «sin la intervención de un juez».

Por último, el constitucionalista se refirió a la situación de los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad. Manifestó que «debe repararse» el tratamiento «indigno» que se les da a muchos exmilitares que por «portación de apellido están cumpliendo penas que supera todo lo prescripto en los tratados internacionales». Manifestó que aquellos que ya hayan cumplido el máximo de prisión preventiva «deben ser absolutamente puestos en libertad o con prisión domiciliaria».

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