“Quisieron instalar que asumieron en 2015 bajo una crisis energética. Y la verdad es que la crisis energética la construyeron durante el gobierno de Mauricio Macri con los tarifazos y los desastres que generaron con este decreto de necesidad y urgencia”, dijo la senadora del Frente de Todos
La senadora María de los Ángeles Sacnun, del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, cuestionó el decreto de necesidad y urgencia 1053/2018 de Mauricio Macri que estableció que el Estado nacional debe compensar a las empresas prestadoras de la distribución de gas por redes por 400 millones de dólares, y a la vez solicitó la «revisión tarifaria integral para poder garantizar la justicia social energética».
“Quisieron instalar que asumieron en 2015 bajo una crisis energética. Y la verdad es que la crisis energética la construyeron durante el gobierno de Mauricio Macri con los tarifazos y los desastres que generaron con este decreto de necesidad y urgencia”, dijo Sacnun.
«De enero de 2003 a enero de 2013 pasamos de 1.515.4448 de usuarios de gas a 1.957.673. Un 29 por ciento más de usuarios y se llegó en 2015 a 2,5 millones de usuarios», explicó la senadora. Y agregó: «Además estatizamos YPF, lo cual significó también ganar en soberanía y generando un proceso de industrialización y concibiendo a la energía como un derecho humano. En nuestro gobierno no había pobreza energética como se profundizó a partir de 2015 con Mauricio Macri».
Durante su discurso en la sesión en el Senado de la Nación, Sacnun sostuvo: «Energas facilitó la dolarización de las tarifas de la mano de Juan José Aranguren y Ezequiel Roitman, de Enargas, –ambos imputados–, quien no cumplió con la ley avalando la cartelización primero y la dolarización después, violentando todas las normas vigentes. Y el remate vino de la mano de otro imputado, Javier Iguacel, con la resolución de que los usuarios debían pagar en 24 cuotas todo el desastre que habían generado con la megadevaluación».
«Nunca pensaron en compensar al pueblo argentino pero sí lo pretendieron hacer con las distribuidoras con 400 millones de dólares, dijo Sacnun. Y finalizó: «Hoy 538 organizaciones entre ellas gremios, multisectoriales, asociaciones de inquilinos, empresas recuperadas rechazaron este decreto que ha perjudicado los intereses del pueblo argentino».
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