La Cámara de Apelaciones de San Isidro dispuso que el 7 de marzo se realice la audiencia oral que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona llega a juicio oral como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve. Los implicados son 8 profesionales de la salud
La Cámara de Apelaciones de San Isidro fijó para el próximo 7 de marzo la audiencia oral clave que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente llega a juicio oral como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve, para los ocho profesionales de la salud imputados que podrían terminar condenados a penas de entre 8 y 25 años, informaron hoy fuentes judiciales.
La Sala III de ese tribunal notificó a las partes que la audiencia se realizará ese día a partir de las 11.30, aunque no en los tribunales de San Isidro sino de manera virtual.
“Vamos a exponer todos los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo ni con la reconstrucción de los hechos ni con la calificación legal”, dijo a Télam el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov.
El letrado fue el que primero solicitó lo que técnicamente se denomina audiencia del artículo 447 del Código Procesal Penal bonaerense, y que se realiza para mejorar en forma oral los argumentos de su apelación, en la que pidió el sobreseimiento de la psicóloga y, en su defecto, un eventual cambio a una calificación más benigna para su clienta.
A ese pedido después se unieron las defensas de la enfermera Dahiana Gisela Madrid y la del médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, que al igual que Mischanchuk, podrán exponer en esta audiencia.
Además de los tres ya mencionados, los otros cinco imputados que tiene la causa son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luciano Luque; el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni; y el enfermero Ricardo Omar Almirón.
El equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus fiscales generales adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, los acusó a los ocho como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, con pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Hace ya casi ocho meses que el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.
Serán los camaristas Gustavo Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco -y si hay disidencia se sumará Ernesto García Maañón-, quienes definan el futuro de los ocho profesionales de la salud, tras esta audiencia programada para el 7 de marzo.
Recién si la Cámara de San Isidro confirma todo lo actuado en la instrucción, la causa ira a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones, a los acusados.
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