Según Bullrich, uno de cada tres presos por drogas es de Bolivia, Paraguay o Perú

La ministra de Seguridad,  Patricia Bullrich, se pronunció a favor de «ordenar las relaciones  con Paraguay, Bolivia y Perú» porque, según señaló, «el 33 por  ciento» de los presos por narcotráfico son de esas nacionalidades.

«Aquel que tenga antecedentes de delitos federales, como trata,  narcotráfico, no va a poder entrar, y toda persona extranjera que  comenta un delito tendrá un trámite rápido de expulsión«, aseguró  Bullrich al explicar las modificaciones que plantea el gobierno al régimen migratorio.

Al respecto, precisó que «cuando una persona quiera pedir una  residencia temporaria o permanente, lo tiene que hacer con un  certificado de antecedentes» y que «si en ese certificado hay  antecedentes no se la va a recibir».

En declaraciones a la radio La Red, la ministra indicó que «la  concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico  es la preocupación en el país», por lo cual se avanza en la  redacción de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para  endurecer los controles.

«Vienen ciudadanos paraguayos y peruanos, que se terminan  matando por el control de la droga», señaló Bullrich, quien de  todos modos indicó que «el 90 por ciento ingresa con algún tipo de  control» y que hay «un tránsito de 10 millones de personas  en las fronteras».

Vigilar la migración de los vecinos

El último lunes, Bullrich participó de una reunión junto a sus  pares de Justicia, Germán Garavano, y de Interior, Rogelio  Frigerio, además del director nacional de Migraciones, Horacio  García, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, en el  que avanzaron en las modificaciones al régimen migratorio.

Uno de los ejes del decreto sería disponer la «obligación» para  el Poder Judicial de «notificar» a la Dirección de Migraciones «de  todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de  toda condena por delito penal contra un extranjero», lo que  permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno  esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.

Pero, además de los plazos, el decreto modificaría los  requisitos para el acceso a la ciudadanía por naturalización: para  conseguir la ciudadanía en lugar de exigir que el solicitante  acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el  pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre  que esa residencia es «legal».

El trabajo de los funcionarios nacionales busca evitar  impugnaciones ante la Justicia: el Centro de Estudios Legales y  Sociales (Cels) ya advirtió que el texto del supuesto proyecto de  DNU «es una regresión para los derechos de las personas migrantes»  y que «su efecto será la puesta en marcha de una poderosa  herramienta de control social por fuera de la ley».

«El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la  ley actual: amplía las causas que permiten la detención y  expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la  revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen  antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o  su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que  sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal  adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones  que evitan la expulsión», indicó el Cels en un comunicado.