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Según revelaron desde el gobierno, el soldado que se suicidó en la Casa Rosada era extorsionado por presos desde una app de citas

Desde un primer momento se habló de posibles deudas económicas como uno el principal motivo de la trágica decisión. Sin embargo, con el correr de las horas, los investigadores reconocieron más detalladamente la situación que vivía Gómez, a partir de su carta de despedida a sus seres queridos

El pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos el granadero Rodrigo Gómez, de 21 años, se quitó la vida. El conscripto se disparó con su fusil en horas de la madrugada, durante una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio.

Desde un primer momento se habló de posibles deudas económicas como uno el principal motivo de la trágica decisión. Sin embargo, con el correr de las horas, los investigadores reconocieron más detalladamente la situación que vivía Gómez, a partir de su carta de despedida a sus seres queridos.

En el escrito, el oficial hablaba de deudas, pero también de una estafa y una extraña mención a una aplicación de citas: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata”.

A partir de estos datos comenzó una investigación que derivó en la detención de siete personas que, presuntamente, realizaban estafas virtuales desde la cárcel, tras operativos y allanamientos en viviendas y cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Chats y extorsión

Todo comenzó mediante el uso de la aplicación de citas Evermatch. Allí, los delincuentes crearon un perfil falso bajo el nombre Julieta Ayelén Cardozo, con quien la víctima mantenía conversaciones por chat.

Pero la sorpresa llegó a los pocos días, cuando el joven recibió un audio de la supuesta madre de la chica quien lo increpaba por hablar con una menor de 17 años y lo tildaba de “degenerado”.

Luego, la maniobra se completaba con un llamado de un supuesto policía de la Ciudad de Buenos Aires que ‘confirmaba’ la existencia de una denuncia, pero le ofrecía ocultarlo a cambio del pago de una suma de dinero. Para esto, según la investigación, los atacantes habían usurparon la identidad de un policía real.

Ante esto, el granadero comenzó a realizar transferencias bancarias a cuentas de mujeres vinculadas a la organización delictiva. Sin embargo, los pedidos de dinero no dejaban de llegar, lo que le provocó a la víctima un colapso psicológico, emocional y económico que derivó en la decisión de quitarse la vida.

La investigación, entonces, permitió identificar a los principales integrantes de la organización detenidos en la Unidad 36 de Magdalena y la Unidad 26 de Olmos de Buenos Aires.

“Pyme del delito”

Los pormenores del caso fueron revelados por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la jueza Sandra Arroyo Salgado, quienes brindaron una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Arroyo Salgado detalló que el grupo de reclusos operaba la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, donde se llevaron adelante allanamientos. Asimismo, la magistrada subrayó: “Tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.

Incluso, la presentación incluyó una recopilación de delitos cometidos desde cárceles en los últimos años, como estafas virtuales, grooming, extorsión, narcotráfico, robos de automotores y episodios de violencia de género coordinados desde prisión.

Por eso, “la otra finalidad de esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado.

Por su parte, la ministra Monteoliva calificó a la organización como la “Pyme del delito”, al tiempo que destacó que “Gómez integraba una fuerza del Estado y su muerte tuvo un impacto directo en el ámbito militar”.

 

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