La investigación comenzó a principios de 2024, tras un operativo de la Policía Federal que descubrió una plantación de marihuana en un terreno dividido en tres parcelas, cerca de la ruta en Arroyo Leyes. A lo largo del juicio, que comenzó a fines de septiembre, se presentaron testimonios de testigos, policías, ingenieros y expertos que evaluaron el estado de las plantaciones.
Ceresole había obtenido una autorización del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en la categoría «Criadero», en el marco de la Ley 27.350, lo que le permitió encubrir el verdadero propósito del cultivo: el tráfico de estupefacientes.
La defensa de Ceresole intentó justificar su participación al afirmar que su emprendimiento tenía como objetivo la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de semillas, y que no se había realizado ninguna cosecha. Sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio, incluidas inspecciones realizadas por el INASE y declaraciones de vecinos, revelaron que el proyecto era una farsa.
En los predios se encontraron grandes cantidades de plantas de marihuana y elementos de seguridad como armas de fuego y chalecos antibalas, características que no coincidían con un proyecto de investigación legítimo.
Los informes técnicos del INASE y testimonios de vecinos demostraron que las cosechas anteriores eran mucho mayores que la actual, desmintiendo la versión de Ceresole. Además, la falta de plantas masculinas en los cultivos y la presencia de un sistema de riego avanzado, cámaras de seguridad y garitas de vigilancia reforzaron la hipótesis de que se trataba de una operación de narcotráfico encubierta.
El abogado Ceresole fue una pieza clave en el esquema de narcotráfico dirigido por Gabriel «Cachi» Nudel, al proporcionar la cobertura legal que permitió el funcionamiento de dos centros de cultivo de marihuana en Santa Fe y en Arroyo Leyes. Sin la «fachada» obtenida por Ceresole, las autoridades habrían detectado rápidamente la actividad ilegal.
En el mismo juicio, varios de los implicados en la operación aceptaron su responsabilidad a través de procedimientos abreviados y recibieron penas de prisión que oscilan entre dos y cuatro años. Entre ellos, Gabriel Nudel, señalado como el organizador del narcotráfico, fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que otros involucrados recibieron condenas de entre dos y tres años.
El caso de Ceresole resalta la importancia de la actuación de los profesionales del derecho que, al proporcionar falsas legitimaciones, facilitan la operación de actividades ilegales, como en este caso, el narcotráfico a gran escala. La condena de seis años de prisión busca sentar un precedente en el combate contra el narcotráfico y la corrupción en la provincia de Santa Fe.