Para el gremio, hubo graves omisiones respecto de libertad de expresión y derecho a la información, a la vez que no se incluyeron la responsabilidad provincial respecto del sostenimiento de medios públicos ni del fomento de medios privados sin fines de lucro. "Resulta vergonzoso el silencio sobre la distribución de la pauta oficial de manera transparente y equitativa. La defensa de la pluralidad de voces requería, tal como se presentó a la Constituyente, de la prohibición de monopolios u oligopolios públicos o privados y de toda forma de concentración de los medios"
El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresa su disconformidad por la redacción final que en el texto de la nueva Constitución provincial se dio a los artículos 16 y 17 referidos a distintos aspectos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. Esa redacción contempló sólo algunos puntos, o lo hizo de manera parcial, respecto de la propuesta amplia, pluralista y abarcativa realizada por numerosas organizaciones sindicales, académicas y por radios comunitarias ante la Comisión de Declaración, Derechos y Garantías encargada de la redacción.
Los artículos 16 y 17 se ocupan de los enunciados en la materia que antes reunía el artículo 11. En el primero, se consagra la libertad de pensamiento y que cada persona pueda expresar ideas sin censura previa, pero condiciona la correspondencia de responsabilidades ulteriores al genérico e indeterminado concepto del interés general que puede ser la base de regulación contraria a la libertad de expresión.
Por otra parte, deja sin prohibir la violencia discursiva, los discursos de odio, la discriminación y las campañas con información falsa. Hace referencia a la protección de la actividad periodística ejercida en base a una ética invocada de forma genérica: recordamos que lxs trabajadorxs de prensa elaboramos en 2007 nuestra Declaración de Principios sobre Ética Periodística que tiene absoluta vigencia.
Si bien la Constitución provincial aprobada incorpora el secreto profesional periodístico y el derecho de acceso a la información pública – respecto del que habría que haber sumado la expresión en cuanto a que el trámite podría cumplirse de manera gratuita y sin restricciones-, no se incluyeron la responsabilidad provincial respecto del sostenimiento de los medios públicos ni del fomento de los medios privados sin fines de lucro, tal como se proponía, en tanto resulta vergonzoso el silencio sobre la distribución de la pauta oficial de manera transparente y equitativa
La plena vigencia de la libertad de expresión y su dimensión social, el derecho a la información necesita de políticas públicas activas por parte del gobierno provincial: la redacción de los artículos invocados y la defensa de la pluralidad de voces requería, tal como se presentó a la Constituyente, de la prohibición de monopolios u oligopolios públicos o privados y de toda forma de concentración de los medios de comunicación. Otro aspecto ignorado se refería a que la provincia garantice el derecho a la conectividad en todo su territorio.
La Constitución moderna, equilibrada y necesaria no pudo ser al menos en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Se perdió la oportunidad histórica de protagonizar ese proceso que, en cambio, dejó enunciados incompletos, desequilibrados y atrasados que ignoraron los preceptos internacionales de los derechos humanos en esta materia y la propuesta de tantas organizaciones de la ciudadanía santafesina.
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