Sobreseyeron a Patricio Serjal en la causa por contaminación de Petroquímica Bermúdez

La Cámara de Apelaciones sobreseyó a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Luzzini por considerar que la conducta imputada es «atípica», es decir, no configura un delito penal. El magistrado se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Serjal, Ignacio Carbone y Gustavo Feldman y Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo, defensores de Gustavo Luzzini. El juez dispuso la medida “por aticipidad de las conductas por las cuales fueran perseguidos penalmente en el presente proceso”.

Serjal presentó un escrito formal a fines de octubre ante la Fiscalía Regional solicitando el urgente apartamento del fiscal Luis Schiappa Pietra de la causa que ahora fue sobreseído. Lo acusaban de pedir a un subalterno que cierre la causa ante el juez Juan José Tutau contra los empresarios Sergio y Máximo Tasselli, titulares de  Petroquímica Capitán Bermúdez S.A, por contaminación. Si bien la causa fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia provincial, el proceso contra Serjal continuaba.

El fallo de Orso, que revoca la resolución del juez Ariel Cattaneo del 12 de agosto de 2025 (la cual había admitido la acusación fiscal), se centró en la ausencia de dolo o un malicioso apartamiento de la ley en las acciones de los imputados.

Argumento Central

El magistrado sostuvo que los delitos atribuidos a Serjal y Luzzini ( abuso de autoridad, omisión de persecución penal y encubrimiento agravado ) exigen una intención criminal. Al no configurarse el dolo, las acciones fueron consideradas actos llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no constituían delito alguno.

Patricio Serjal: Su accionar, al ordenar un criterio de oportunidad y archivo en la causa de contaminación ambiental contra Petroquímica Bermúdez, fue evaluado como desempeño funcional y no un acto doloso o ilegal.

Gustavo Luzzini: El camarista asumió que su intervención, al prestar consentimiento para el cierre del caso, fue compatible con el objetivo principal del Poder Ejecutivo Provincial y la Fiscalía de Estado : lograr la mayor remediación posible del predio contaminado. Se concluyó que Luzzini actuó ajustado a derecho y dentro de los criterios de su organismo, sin que su intervención funcional fuera considerada ilegal.

En consecuencia, el juez Orso rechazó la acusación que había sido presentada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y dispuso el sobreseimiento de Patricio Serjal y Gustavo Luzzini.

Juego clandestino

Serjal, que está siendo juzgado en una causa de «juego clandestino» en la que la justicia está a punto de dictar sentencia. De hecho, había pedido el apartamiento de Schiappa Pietra como fiscal ya que fue apartado en la causa de juego clandestino por las irregularidades en la pesquisa.

El Testimonio Clave del Fiscal Pablo Socca

Serjal fundamenta sus graves acusaciones en gran medida en el testimonio brindado por el fiscal Pablo Socca , quien, junto con el fiscal Miguel Moreno, investigó a Mariana Ortigala y desnudó irregularidades en la causa de juego clandestino y declaró en esa causa.

Socca detalló que la investigación sobre Ortigala reveló una «protección institucional» hacia ella, Lorena Córdoba y sus allegados (marido y hermano), permitiéndoles seguir con actividades ilícitas desde 2019. Esto llevó a los fiscales Moreno y Socca a radicar una denuncia por encubrimiento.

Según la denuncia que Socca confirmó en su declaración, Edery y Schiappa Pietra habrían utilizado a Ortigala para «armar la causa de juego clandestino» con el objetivo de perjudicar al senador Armando Traferri .

La denuncia sostiene que los fiscales sabían que los hermanos Ortigala y Córdoba extorsionaban al capitalista de juego Leonardo Peiti . En lugar de perseguir la extorsión, le habrían pedido a Ortigala que «trajera a Peiti» a la Fiscalía para que declarara sobre las supuestas coimas pagadas a Serjal, bajo la amenaza de encarcelar a su hermano. Peiti, siendo víctima de extorsión, fue detenido para obtener su testimonio.

Se alega que la imputada Lorena Córdoba fue liberada de una causa de jefa de asociación ilícita inmediatamente después de aceptar declarar que el dinero de su marido (David Perona, «zar del juego») iba para la campaña de Traferri. El testimonio incluso señala que Ortigala y Córdoba poseían «capturas de pantalla comprometedoras» que vincularían al fiscal Edery con Lorena Córdoba en situaciones personales o privadas.

La defensa de Serjal, incluso, había llegado a plantear que la verdadera asociación ilícita estaría conformada por los fiscales (incluido Schiappa Pietra), empleados y falsos testigos protegidos.