Los adjudicatarios se concentraron este domingo en la sede de Oroño 166 para denunciar incumplimientos sistemáticos en las entregas y falta de transparencia
Reclamo de los damnificados por Pilay en Oroño y Salta
La emblemática cuadra de Bulevar Oroño 166 fue el escenario de una nueva jornada de protesta este domingo. Allí, un nutrido grupo de damnificados por la empresa Pilay se manifestó para visibilizar una problemática que, según denuncian, ha dejado de ser un conflicto entre privados para convertirse en un tema de interés público debido a su masividad y al impacto social que representa.
Alicia Bernal, una de las referentes del reclamo, dialogó con la prensa en la puerta de la sede administrativa y describió un panorama de «incumplimientos sistemáticos» que se sostienen desde hace años. «Nos costaba mucho saltar el cerco que mantenía esto oculto, pero al empezar a juntarnos con otros que tienen la misma problemática logramos dar pasos importantes», explicó.
El testimonio de Bernal es un reflejo de lo que atraviesan cientos de familias en Rosario y la región. Con 16 años de aportes mensuales al día, todavía se encuentra dentro de un plan de vivienda que no ha sido finalizado. Según detallan los afectados, las modalidades de incumplimiento denunciadas incluyen:
Plazos extendidos: Adjudicaciones que superan ampliamente los tiempos pactados en el contrato original.
Cambio de radicación: Entrega de unidades fuera del radio céntrico o de las zonas estipuladas inicialmente.
Suspensión de sorteos: La desaparición de las instancias de sorteo y licitación monetaria, herramientas que históricamente permitían a los ahorristas acceder a la unidad de forma anticipada.
«Ese dato de cuántos somos solo lo tiene la empresa, pero nosotros afirmamos que somos miles», aseguró Bernal, quien destacó que la organización a través de redes sociales (Instagram: @incumplimientoenpilay) ha sido clave para romper el aislamiento de los casos individuales.
La gravedad de la situación llevó a los damnificados a la Cámara de Diputados de la Provincia el pasado miércoles. En una reunión con la Comisión de Vivienda y Urbanismo, los afectados expusieron la situación de las firmas Bauen y Pilay, ambas empresas de trayectoria histórica con origen en la ciudad de Santa Fe.
El conflicto cuenta actualmente con el respaldo legislativo a través de un proyecto de comunicación impulsado por el diputado Miguel Rabbia. La iniciativa busca habilitar pedidos de informes detallados al Poder Ejecutivo para que el Estado intervenga y exija respuestas claras sobre el estado de los planes y la situación financiera de las obras.
«Esto ya trasciende lo privado por la magnitud de los casos que estamos registrando», concluyó Bernal frente a la sede de Oroño. Mientras tanto, los damnificados aseguran que mantendrán el plan de lucha y las movilizaciones hasta obtener una respuesta concreta sobre el destino de sus ahorros y el sueño de la casa propia.
El reclamo de los adjudicatarios hace hincapié en que la cantidad de afectados y la naturaleza del bien en juego (la vivienda única) obligan a una fiscalización estatal más rigurosa. La mirada está puesta ahora en los informes que se solicitarán desde la Legislatura para conocer el estado real de cumplimiento de los contratos vigentes en toda la provincia de Santa Fe.
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