Suspenden fumigaciones en tierras del aeropuerto

Los representantes del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” y los arrendatarios que actualmente tienen a su cargo la explotación de 145 hectáreas en terrenos que son propiedad de la terminal aérea acordaron ayer la suspensión de las fumigaciones durante la presente campaña. La comunicación de este hecho ocurrió al mismo tiempo que el Concejo Municipal aprobaba una ordenanza en la que precisamente le reclamaba al Ejecutivo municipal que haga cesar las aplicaciones en esas tierras, en las que desde hace varios años se cultiva la oleaginosa. Pero, en rigor, a esta altura del año la información dada a conocer por las autoridades de la aeroestación se torna obvia: se acerca el momento de la cosecha y, de no mediar un imprevisto, no es necesario volver a aplicar fitosanitarios.

El proyecto para frenar las fumigaciones había sido presentado en el Concejo por el edil justicialista Arturo Gandolla, quien lo fundamentó en los riesgos que, dice, implican esas aplicaciones de agroquímicos para los habitantes de las urbanizaciones aledañas a la aeroestación. De hecho, la solicitud se aprobó con la presencia en el Palacio Vasallo de un grupo de vecinos del barrio Hostal del Sol, quienes ayer volvieron a denunciar que les “tiran agrotóxicos encima” e incluso afirmaron que en la zona hay algunos casos de personas con cáncer, hecho que asociaron a las fumigaciones.

En diálogo con este medio, el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, Raúl Garo, reveló que representantes de la estación se reunieron en la mañana de ayer con los arrendatarios que, tras ganar una licitación pública, actualmente tienen a su cargo la explotación de 145 hectáreas en terrenos de la terminal hasta el año que viene. Durante ese encuentro, se consideró que “de aquí en más y por el resto de la presente campaña agrícola no resulta necesario la utilización de agroquímicos en las plantaciones existentes”. Los asistentes al encuentro acordaron, por una lado la suspensión de las fumigaciones durante la presente campaña, mientras que por otro, y con relación a la campaña agrícola subsiguiente, se convino “revisar la modalidad de implementación de la misma siguiendo las normas vigentes y abriendo la posibilidad de adecuarse a las disposiciones legales que surjan”.

La decisión de suspender las fumigaciones se da luego de que la semana pasada llegara un reclamo al Concejo Municipal de vecinos de los barrios Aldea, San Eduardo y Hostal del Sol, (ubicados en las adyacencias del aeropuerto) quienes desde hace tiempo vienen denunciando ser víctimas de los agrotóxicos. En rigor, la medida adoptada en conjunto por las autoridades de la central aérea y los licenciatarios de las tierras públicas –en las cuales se siembra soja desde la gestión del justicialista Esteban Borgonovo–, y cuyo contrato vence el año que viene, se anticipó por apenas unas horas a una ordenanza aprobada en horas de la tarde en el Palacio Vasallo, tal vez previendo lo que allí sucedería y para evitar polémicas.

Ayer, el Concejo dio el visto bueno a una comunicación en la que le reclama al gobierno municipal que ordene el cese de las fumigaciones en dichos terrenos. El autor de la iniciativa es Gandolla, quien la fundamentó en los riesgos que, dice, implican esas aplicaciones de agroquímicos para los habitantes de las urbanizaciones cercanas a la aeroestación.

En diálogo con este medio, el concejal aclaró que no “cuestiona la legalidad” de tales sembradíos, pero apuntó al Palacio de los Leones por una supuesta falta en determinar fehacientemente el límite urbano para así poder aplicar la ley provincial de fitosanitarios, que establece restricciones espaciales y técnicas para la inoculación de pesticidas o herbicidas alrededor de las zonas clasificadas como residenciales.

En la ordenanza se reclama a la Municipalidad que “ordene la suspensión de fumigaciones en terrenos aledaños al aeropuerto Islas Malvinas hasta que se delimite la planta urbana de la ciudad, con criterio agronómico, a los fines de dar cumplimiento a las distancias que se deben respetar para la aplicación de productos fitosanitarios establecidas en la legislación vigente”. El concejal se refiere así a la llamada ley de fitosanitarios 11.273, una norma provincial que en rigor también está en discusión y cuya modificación en dirección a profundizar el control del manejo de agroquímicos demora el Senado provincial (ya cuenta con media sanción de Diputados).

“Observamos lo del aeropuerto, pero vale para cualquier sitio urbanizado. Esto es muy peligroso; las fumigaciones con agroquímicos pueden contaminar las napas de agua, de alimentos, impactos sanitarios en población expuesta, desaparición de especies agrícolamente benéficas, contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, además de económicas”, argumenta el texto aprobado. Posteriormente se insiste en que es “el Estado municipal el que debe velar y resguardar la salud de los habitantes y las condiciones ambientales de la ciudad. Si no fijamos el límite preciso del municipio, entonces hay que tomar prevenciones urgentes”.

El edil indicó que su presentación está motivada en los planteos de los vecinos de las urbanizaciones cercanas al aeropuerto: Aldea, San Eduardo y Hostal del Sol. Y añadió que algunos de sus pobladores aseguran haber oído avionetas fumigadoras por las noches. Pero desde la aeroestación niegan enfáticamente esto.

La solicitud se sancionó con la presencia en el Palacio Vasallo de un grupo de vecinos de uno de los barrios denunciantes, Hostal del Sol, quienes ayer volvieron a afirmar que les “tiran agrotóxicos encima”. Incluso, aseguraron que hay personas en la zona que padecen cáncer junto a la sospecha de que la enfermedad estaría relacionada con las fumigaciones. “Las napas están todas contaminadas y eso lo notamos mucho también con las mascotas, que toman de ahí y han sufrido varias enfermedades”, relató la vecina Ana Bonilla.

El máximo responsable del aeropuerto, Garo, aseguró ayer que las pulverizaciones de la discordia se realizan cumpliendo con todas las normas de seguridad, que además están fiscalizadas por dos ingenieros agrónomos y que por añadidura se autoimpuso un perímetro de seguridad de 50 metros libre de siembra para minimizar los inconvenientes a los vecinos.

En el comunicado emitido por la aeroestación, además de reafirmar esto, se agrega que en relación a la siguiente campaña agrícola –algo que está en duda porque los terrenos podrían destinarse a infraestructura logística si prospera un proyecto en tal sentido–, “se convino revisar la modalidad de implementación de la misma (las fumigaciones) siguiendo las normas vigentes y abriendo la posibilidad a adecuarse a las disposiciones legales que surjan”.