Tormentos y secuestros en la dictadura: piden penas de 6 a 20 años para ex policías de Santa Fe

El fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, solicitó este jueves ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe la imposición de penas de entre seis y veinte años de prisión para seis ex policías provinciales acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de once trabajadores y militantes ferroviarios y del Frigorífico Nelson, perseguidos políticos durante la última dictadura. La causa se conoce como Causa Chartier.

El pedido de pena más alto, de 20 años de prisión, comprendió al ex jefe de la División de Informaciones Policiales de la Unidad Regional I German Raúl Chartier, quien fue acusado como autor mediato –quien causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o instrumento– para realizar la ejecución de 11 casos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas y en ocho hechos de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas, publicó el portal Fiscales.

El fiscal pidió ocho años de prisión para el ex oficial ayudante de la División de Informaciones D-2 Eduardo Enrique Riuli, por considerarlo autor de los mismos delitos que Chartier pero en perjuicio tres víctimas. La misma pena requirió para el ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva Fernando Sebastián Mendoza, a quien acusó como autor de privación ilegítima de la libertad en cinco hechos.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se imponga siete años de prisión al entonces sargento de la División de Informaciones D-2 Rubén Oscar Insaurralde, como autor de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y tormentos agravados en perjuicio de dos víctimas. El fiscal completó el pedido de penas con la solicitud de condenas de seis años de prisión para el ex cabo del Departamento Operaciones Policiales D-3 Omar Epifanio Molina, y para ex cabo de la División Robos y Hurtos de la UR I Antonio Rubén González, a quienes acusó por los mismos delitos que el anterior cometidos en un caso.

Suárez Faisal sostuvo en su alegato que los acusados “tenían una convicción criminal” que los llevó a colaborar con el plan sistemático de la última dictadura cívico militar. De esta manera, el fiscal consideró que había “una comunión ideológica con el plan sistemático que había sido trazado por los altos mandos militares”. Además, describió a los acusados como “engranajes de ese plan sistemático que había enarbolado la dictadura”.

Señaló que los acusados “gozaban de una firme posición para estar perfectamente preparados para acomodar su conducta a las normas jurídicas, para evitar los delitos que cometieron. Pero en todos los casos decidieron no hacerlo”. “Por eso, considero que el reproche tiene que ser mayor”, subrayó.

En este mismo sentido, Suárez Faisal señaló que “el perjuicio causado a las víctimas ha sido de enorme dolor” e indagó sobre el daño producido a las familias de las víctimas y su permanencia ante el paso del tiempo, reflejada en las declaraciones testimoniales durante el juicio.

El juicio

En este juicio se abordan los delitos de lesa humanidad sufridos por las víctimas Daniel Emilio Acosta, Roberto Manuel Soria, Arnaldo Catalino Páez, Mario Ángel Páez, Juana Tomasa Medina de Paéz, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver, Hugo Alberto Silva, Juan Carlos Sánchez, Pedro Pablo Moncagatta y Juan Anselmo Miranda.

En el debate quedó acreditado que, tras su secuestro, las víctimas fueron confinadas en centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe y luego derivadas a distintos establecimientos penitenciarios del país, señaló el portal del MPF.

En los CCD las víctimas fueron sometidas a diferentes malos tratos y torturas psíquicas y físicas, como golpes, amenazas, tabicamiento, inmovilización de piernas y brazos, interrogatorios con picana eléctrica, condiciones de salud e higiene inaceptables, mala alimentación y a veces nula hidratación, aislamiento, prohibición del uso de la palabra y otras formas de comunicación, burlas y humillaciones, desnudez forzada, entre otras. “Todo ello con la finalidad de neutralizarlas ideológicamente y obtener información en contra de su voluntad”, señaló la acusación fiscal.

La mayoría de las víctimas se desempeñaron laboralmente en el Frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical La Lucha, reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Dos de ellas trabajaron en los ferrocarriles de Laguna Paiva y de Villa Constitución. Esta última formaba parte del Frente Antimperialista por el Socialismo (FAS).