Trabajadores de Sedronar piden la continuidad del espacio para personas en extrema vulnerabilidad

Por Agustín Aranda

Este jueves al mediodía quienes trabajan en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) (Segui 5440) darán una conferencia de prensa para dar a conocer la delicada situación laboral que mantienen desde fines del 2023. El espacio, creado en 2014 y ligado a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), brinda contención a casi 400 personas de entre 14 y 30 años en situaciones de vulnerabilidad extrema. Según explicaron, en los últimos 2 años se han incrementado las consultas por el uso de cocaína fumada y los hechos de violencia en la zona oeste de la ciudad.

Sin trabajadores no hay salud mental y cuidados

Según explicaron desde el DTC, son 14 trabajadores, de un total de 20, que dependen de bajo la forma precarizada de Beca Fondo Estimulo, cuyo contrato concluyó el último día de 2023 y aún no tienen ningún tipo de respuesta sobre su continuidad. “Estamos ante una situación alarmante, sosteniendo nuestro trabajo con una guardia mínima en el marco de medidas de fuerzas que construimos institucionalmente”, agregaron.  

En la actualidad, el DTC tiene 380 historias clínicas de personas con tratamientos específicos todos los días. Además, asisten a otra centena de jóvenes cada fin de semana a través de actividades de promoción. Entre los dispositivos de atención cuentan con taller de boxeo, un espacio de sexualidad integral, un espacio de escucha para familiares, cine, capacitación en oficio de manicura y estética, panadería, expresión corporal y yoga para mujeres.

También sostienen un espacio de escucha individual, un aula radial usada para que muchas personas puedan concluir sus estudios primarios, y un taller de rap. Con excepción de los tratamientos individuales, las entrevistas de ingreso y las situaciones de crisis, quienes trabajan en DTC han tenido que suspender todos los dispositivos. 

“Nuestra perspectiva de abordaje está basada en la ley de Salud Mental, por lo que el foco de tratamiento no está centrado en la sustancia, aunque sí es un trabajo específico en consumo problemático”, explicaron desde el DTC y completaron: “Las estrategias incluyen garantizar el acceso y articulación con toda la red de salud, desarrollo y hábitat municipal y provincial”. Eso significa que quienes trabajan asisten a las personas en la gestión de trámites que garanticen sus derechos: DNI, pensiones, ingreso escolar, entre otras. 

Un Estado presente, ¿pero cómo?

Sobre su trabajo agregaron: “Los abordajes para jóvenes en territorios vulnerables incluyen necesariamente poder pensar como hacer de un territorio hostil, que promete dinero a cambio de vincularse al tráfico ilícito con alternativas que puedan potenciar una inserción diferente, generando recorridos educativos que los permitan potenciarse, formaciones laborales, acceso a espacios de salud mental para poder tener y pensar posible condiciones superadoras a las actuales”. 

Ante la consulta sobre qué horizontes abre los anuncios de la nueva presidencia respecto a cambios en la ley de Salud Mental, respondieron: “No queremos entrar en la discusión partidaria, sino hacer hincapié en que somos el único dispositivo específico para jóvenes de la zona oeste en el marco multiagencial del Plan Bandera. No podemos pensar el narcotráfico sin pensar en que necesariamente va a generar usuarios problemáticos de estas sustancias ilícitas en venta y que la respuesta no puede ser solo punitivista. El Estado debe sostener desde los tres niveles políticas públicas que permitan incluir a estos jóvenes y no sumarles como víctimas o victimarios”.

Según explicaron desde el DTC, en la actualidad la gran mayoría de los jóvenes con quienes trabajan fueron afectados por la economía del narcotráfico, ya sea como usuarios o como víctimas de violencia. Y agregaron: “Cerrar un espacio como este por parte del Estado sería poner de acto que solo existe una respuesta militarizadora del territorio, sin dar una posible salida que incluya. Por eso, aun con sueldos precarizados y muy por debajo de la línea de pobreza, seguimos soñando con abordajes que garanticen recorridos alternativos. Vemos que los jóvenes vienen a este dispositivo y en enorme cantidad. Es ahora la responsabilidad del Estado en sostenerlo”.

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