La Federación presentó una denuncia ante la Secretaría de Transporte y pidió frenar el esquema municipal
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) denunció ante la Secretaría de Transporte de la Nación un esquema de tasas en Ramallo que calificó como un “peaje municipal encubierto” y pidió su suspensión.
La presentación cuestiona el sistema previsto sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez, un tramo de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
FADEEAC advirtió que la normativa municipal prevé un cobro de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y otros $25.000 por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG.
La entidad sostuvo que ese esquema implica un costo por kilómetro 120% superior al peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.
Además, se aplicaría una tasa del 2% sobre cada litro de combustible que, según la Federación, el municipio cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.
La implementación de los pórticos tecnológicos fue adjudicada por el municipio a Plus Byte S.R.L. mediante la Licitación Pública 3/25.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, afirmó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.
La Federación argumentó que el esquema configura una doble imposición tributaria e inconstitucional y sostuvo que vulnera la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y la Ley Nacional de Combustibles 23.966.
Por ese motivo, solicitó al Ministerio de Economía que promueva ante la Justicia una medida cautelar para suspender de inmediato el sistema.
Más de un centenar de empresas de transporte e industrias dadoras de carga de la zona expresaron su preocupación mediante una carta enviada a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
Las firmas estimaron que el costo anual del gravamen podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por empresa y advirtieron sobre su impacto en los márgenes operativos y las actividades logísticas de la región.
También manifestaron preocupación por la eventual aplicación de multas o decomisos de mercadería a unidades que no adhieran al sistema.
“El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite”, señalaron las empresas.
FADEEAC reclamó la suspensión inmediata del sistema y la derogación de la ordenanza municipal.
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