El presidente javier Milei formalizó la designación del jurista, que entre otras cosas, estará a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado. El llamativo cambio de una ley se realizó para que la edad no sea un impedimento para su asunción
El gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, tras modificar por decreto la ley que establecía un límite de edad para desempeñarse en ese cargo, a través de normas que se publicaron en el Boletín Oficial.
Mediante el Decreto 23/2023, el Ejecutivo ratificó el nombramiento de Barra en una norma que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse.
Por medio de otro decreto, el 21/2023, el gobierno modifica el artículo 2 de la ley 18.777, que sostenía que «el Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión».
De esta forma, Barra, doctor en Ciencias Jurídicas quedará habilitado para desempeñarse como el jefe de los abogados del Estado, al fundamentar en la normativa que lo habilita que «el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad».
En ese sentido, se recuerda que el artículo 18 de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) «dispone que la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad».
Asimismo, esa Convención agrega que los «Estados parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor, quedando prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo».
En función de ellos, el Ejecutivo determinó, en el artículo 2 del Decreto 21, que «el Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, abogado con título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión».
La normativa es acompañada con la firma de Milei, Posse y de los ministros de Interior, Guillermo Francos, de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino; de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Andrés Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Russo; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Infraestructura, Guillermo José Ferraro; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En tanto, a por medio del Decreto 25, se dispuso el nombramiento de Martín Rodríguez Giesso como Escribano general del gobierno de la Nación, un cargo que se encontraba vacante y que depende del Ministerio de Justicia.
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