Tres años de Panamá Papers: sin condenas y con flexibilización de controles

Por Martín Ferreyra / Diario Tiempo Argentino 

A tres años del estallido de los Panamá Papers las investigaciones siguen sin resultados positivos y la política del gobierno nacional “se inclina hacia la desregulación cambiaria y financiera” denunció un informe de la Fundación SES, una entidad especializada en desarrollo económico local y regional.

El 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés) difundió filtraciones informativas del estudio de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá. Los datos revelaron vinculaciones de líderes internacionales, políticos y operadores financieros con cuentas escondidas en paraísos fiscales.

En el caso de Argentina, quien lidera la lista es nada menos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien comparte espacio además con su padre, el empresario recientemente fallecido Franco Macri y su hermano Gianfranco Macri.

Luego de tres años no hubo condenas ni implicancias políticas. Incluso a pesar de la repercusión mundial, para los medios de comunicación locales el problema tuvo una importancia marginal.

La información relacionaba al titular del Ejecutivo y a sus familiares con la off shore Fleg Trading pero SES apuntó que la causa en el fuero federal no avanzó: “el fallecido progenitor presidencial se hizo cargo de los movimientos de la firma offshore y el juez a cargo se declaró incompetente. Tampoco prosperaron las investigaciones por presunta evasión y omisión maliciosa de información”.

El informe destacó también que un relevamiento realizado en los juzgados argentinos arrojó que tampoco avanzó el resto de las causas vinculadas a los Panama Papers y que “la justicia tampoco se hizo eco de las distintas investigaciones periodísticas que evidenciaron las maniobras de fuga, evasión y ocultamiento canalizadas a través del mundo offshore por los principales exponentes de la cúpula empresaria argentina”. Las investigaciones empezaron pero hoy por hoy están congeladas.

En cambio en el plano tributario se logró recuperar una parte “pequeñísima” de lo evadido por 125 clientes de Mossack Fonseca pero no porque haya sido la voluntad de los evasores sino como “resultado colateral” del blanqueo fiscal que impulsó la administración de Cambiemos en 2016.

Este último dato se reveló en una segunda tanda de los Panamá Papers en 2018. SES señaló que “no es posible determinar cuáles fueron las penalidades que debieron pagar esos evasores en el marco del blanqueo pero lo cierto es que una pequeña porción de los ingresos adicionales que mostró la AFIP como resultado del sinceramiento fiscal están directamente vinculados a los Panamá Papers”.

Entre quienes participaron del blanqueo, subrayó la fuente, figura Gianfranco Macri, quien quedó expuesto como dueño real de la panameña BF Corporation, administradora de una cuenta millonaria en el UBS. El hermano del presidente fue denunciado por la Procelac pero admitió su responsabilidad ante la AFIP y la causa no avanzó. En el blanqueo Gianfranco Macri exteriorizó 4 millones de dólares.

Finalmente el informe de la Fundación SES apuntó que la acción regulatoria frente a las maniobras de fuga, evasión y lavado fue escasa. La Oficina Anticorrupción, a cargo de la oficialista Laura Alonso, se comprometió a crear un registro de beneficiarios finales de las empresas. Pero también en esta asignatura “no solo no hubo avances significativos sino que la orientación de la política oficial se inclina hacia la desregulación cambiaria y financiera”.

En concreto, en 2018 la Inspección General de Justicia (IGJ) “flexibilizó los requisitos de inscripción que debían cumplir las sociedades extranjeras para establecer una sucursal en la Argentina o asociarse a empresas locales”.

La resolución 6/2018 eliminó el requerimiento para que las firmas extranjeras acrediten sus actividades fuera del país “y borró la exigencia para que individualicen a sus socios”.

El informe concluye que a pesar de la inacción del Gobierno “hay novedades en proceso ya que distintos diputados y senadores introdujeron a lo largo del año pasado diferentes proyectos de ley para evitar que los funcionarios administren activos a través de guaridas fiscales”.