Se trata de Osvaldo Bejarán quien se retiró de las filas policiales en septiembre de 2008. Para la Fiscalía, a partir del año 2003 adquirió bienes que no logró justificar con sus ingresos formales
Este lunes inició un juicio oral y público contra un ex jefe policial por el delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de Osvaldo Raúl Bejarán a quien el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Gonzalo Fernández Bussy, acusó de haber incrementado injustificadamente su patrimonio durante su carrera policial. Solicitó la pena de 3 años de prisión efectiva. El debate es presidido por los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle.
Bejaran comenzó su carrera policial en 1978. En 2001 comenzó a cumplir funciones como jefe de las División Leyes Especiales fecha a partir de la cual comenzó a aumentar en forma injustificada sus bienes registrables, explicó el fiscal.
En el año 2003 adquirió una licencia de taxi, un Fiat Siena y un Chevrolet Corsa cero kilómetro. En 2004 compro una finca y otro vehículo marca Renault, todos bienes conseguidos con un único ingresó como personal policial, contó el funcionario.
La investigación administrativa en su contra se inició tras un informe de la Secretaría de Control de Seguridad de la ex División Judiciales un año después de su retiró de la Fuerza Policial. Lo que ocurrió en septiembre de 2008 con el cargo de comisario general de la URX de Iriondo.
El caso pasó al ámbito judicial y en 2016 la entonces jueza Alejandra Rodenas lo procesó. La evidencia principal para tomar esta resolución fue un peritaje que determinó que los ingresos no lograban justificar los bienes adquiridos. Se constataron gastos, que incluyeron compras con tarjetas –incluso en el exterior– y la adquisición de bienes, más cinco cuentas bancarias en distintos bancos no resultaron acordes con los ingresos del uniformado.
El perito concluyó que los fondos disponibles por Bejarán no alcanzan para justificar su incremento patrimonial. Dijo que durante los años 2002, 2003 y 2004 el informe patrimonial fue negativo, por lo que no se justifica la compra de la chapa de taxi ni el resto de los bienes adquiridos en esos años, cuenta la resolución.
En 2018 la causa pasó al nuevo sistema procesal penal y quedó en manos del fiscal Fernández Bussy. Este lunes finalmente comenzó el juicio oral y público en contra del ex jefe policial.
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