Un fiscal rechazó la excarcelación de L-Gante

El fiscal de General Rodríguez, Raúl Villalba, pidió rechazar la excarcelación Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, que se encuentra detenido por privación ilegítima de la libertad y amenaza con arma de fuego.

El dictamen será analizado por el juez de garantías Gabriel Castro, mientras el cantante sigue detenido en la DDI de Quilmes.

Gastón Torres, el denunciante de L-Gante, pidió que el cantante siga preso y ratificó que subió al auto de él porque lo amenazó con un arma de fuego.

El cantante está detenido e investigado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según Torres, a raíz de un conflicto con los amigos del cantante, L-Gante se presentó el 27 de mayo pasado en su casa arriba de su auto y, con un arma escondida entre sus piernas, lo amenazó para que subiera.

El denunciante, a través de su abogado Leonardo Sigal, así se lo hizo saber al juez de garantías Gabriel Castro, que tiene para resolver un pedido de cese de la detención que hizo Alejandro Cipolla, defensa del músico detenido la semana pasada tras una serie de allanamientos.

Torres asegura que, pese a las imágenes de video donde se lo muestra subir por su propia voluntad en el auto de L-Gante, éste tenía un arma de fuego entre sus piernas con la cual lo había amenazado.

Según el abogado denunciante, el arma de fuego fue vista por todos los testigos oculares, que son los familiares y vecinos de Torres, entre quienes estaba una nena de 13 años.

“Más allá de que no ha sido formalmente condenado, aún, hay al menos dos expedientes más en los cuales también se denunció a Elian Valenzuela portando armas de fuego, lo cual no hace más que conglobar una idea cuanto menos lógica de que el individuo esta acostumbrado a ser el vaquero del lejano oeste”, consignó el denunciante.

L-Gante fue indagado días atrás en donde negó los hechos tras lo cual siguió detenido y a la espera que la fiscalía interinamente a cargo de Raúl Villalba defina su situación para lo cual tiene un plazo de 30 días para definir si pide o no su prisión preventiva.