Una amistad de años, la proposición de un negocio que implicaba un concesión y una disputa a todo o nada

Un vínculo de confianza de más de 25 años, la proposición de un negocio vinculado a la gastronomía y la licitación de un emblemático bar de la zona de La Florida son los componentes de este caso que terminó en una demanda civil y una denuncia penal por estafa.

Los denunciantes son un escribano y su esposa, quienes accedieron a la propuesta que le hizo una pareja amiga, con la que llevaban más de 25 años de vínculo y confianza. El ofrecimiento consistió, según el relato que asentaron en sede judicial, en constituir una sociedad para explotar un emprendimiento gastronómico —restaurant, bar, heladería— que fue licitado por el Estado municipal en la costa norte.

La propuesta de asociarse para este negocio llegó a mediados del 2019 y los futuros socios pusieron dinero y manos a la obra, según el relato de la demanda. Como la licitación estaba próxima a realizarse y como el hombre que trajo la idea había tenido experiencia con el rubro heladería -y aún no habían conformado la sociedad en las formalidades- la presentaron a nombre de esta persona.

La adjudicación llegó a nombre de esta última persona en enero del 2020 y desde entonces los cuatro aportaron dinero a la sociedad para llevar adelante las reformas necesarias, así como la compra de equipamiento incluido el mobiliario y todo lo que fue necesario para poner a punto el negocio. Para ello, el escribano tomó un crédito personal de un millón de pesos

En agosto de ese año lograron abrir la heladería y en octubre el bar, pero al mes siguiente el socio a nombre de quien figuraba la adjudicación, les negó el ingreso al local y los desconoció como socios, a la vez que se quedó con todos los aportes que hizo el matrimonio al proyecto, relataron.

Esta situación derivó en acciones judiciales tanto en el fuero civil y comercial, donde el matrimonio presentó una demanda en materia societaria para regularizar la sociedad de hecho que habían formado con los demandados, que en su momento no inscribieron a raíz de la confianza que los unía, argumentaron.

Allí el demandado dijo que la mujer del escribano era la encargada del local y no una socia, aunque esta versión no tuvo consistencia ante la Cámara Civil y Comercial, que en noviembre de 2023 le dio la razón a la actora y ordenó la regularización de la sociedad cincuenta y cincuenta por ciento.

En tanto, en el fuero penal la denuncia fue por estafa. Tanto quien figura como titular de la concesión como su esposa fueron imputados por este delito y, tras pedir el MPA la inhibición general de bienes de los denunciados, en noviembre pasado la Cámara Penal hizo lugar al pedido. Y este mes elevaron una nota al municipio donde contaron que, a raíz de la información que pudieron recabar, no se está cumpliendo con las obligaciones emergentes de la concesión del Estado local. El caso sigue en trámite, y tiene final abierto.