Una investigación devela la persecución a cultivadores de cannabis en Argentina

Por Agustín Aranda

En 2016, el año en que el Congreso debatió la ley de cannabis medicinal de Argentina y Patricia Bullrich se estrenaba como ministra de Seguridad del país, las causas asociadas al cultivo de cannabis fueron las que más crecieron en relación de los demás delitos de la ley de drogas. Mientras que la tenencia para consumir y vender aumentaron 11 y 30% respectivamente, las detenciones a personas que cultivaban lo hicieron en un 58%.

Para comprender por qué y saber cómo trabajaron las fuerzas de seguridad en estas causas, la antropóloga Florencia Corbelle profundizó en las estadísticas y entrevistó a familiares, representantes legales y a personas a las que les iniciaron causas por cultivo de cannabis en diferentes distritos del país gracias al trabajo de apoyo que hecho por el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) y el colectivo Libertad a presas y presos por cannabis (LPPC).

Semanas atrás, Corbelle publicó los resultados en el artículo “Procedimientos policiales a personas que cultivan y producen derivados de cannabis en Argentina (2010-2020)”. En el relevamiento de la antropóloga se describe que el 15% de los casos registrados fueron procedimientos ilegales. Del total, entre legales e ilegales, la mayoría empezaron por denuncias anónimas por cultivo o venta de estupefacientes, aunque en los allanamientos las fuerzas de seguridad solo encontraron unas pocas plantas, plantines o esquejes, flores de cannabis (cogollos), semillas y, en menor medida, preparados a base de cannabis. Quienes más cantidades tenían eran las personas que cultivaban para otras, es decir, cultivadores solidarios o bien quienes usaban la planta con fines terapéuticos-medicinales.

Además, en más de la mitad de los allanamientos legales hubo robo de dinero, objetos y hasta plantas de cannabis por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, en uno de cada tres hubo situaciones de violencia. Y en muchos el ingreso fue violento y prepotente, pero cambió minutos más tarde.

La espectacularidad –larga duración, varios móviles policiales, gran cantidad de agentes y la convocatoria a medios de comunicación para una cobertura periodística– fue el común denominador, según se desprende de la investigación. Incluso era habitual que las fuerzas de seguridad dejaran las plantas en la puerta de los hogares, ocasionando malestar en las personas por ser expuestas como vendedores de droga ante el vecindario cuando en realidad no lo eran.

Finalmente, en dos casos relevados las fuerzas de seguridad le propusieron un arreglo (pidieron dinero a cambio de no hacerles una causa) y en un caso reorganizaron las flores de cannabis (cogollos) para que pareciera que estaban fraccionados para la venta, entre otras irregularidades.

Violencias y persecución a quienes cultivan cannabis en Argentina

Entre las interpretaciones que hace la antropóloga sobre los resultados se destaca que “las leyes de drogas son utilizadas, frecuentemente y en diferentes países, para dirimir conflictos vecinales, entre familiares o particulares”. Eso significa que las investigaciones a grandes organizaciones criminales quedan relegadas porque “el desabaratamiento de múltiples sitios pequeños permite a las fuerzas cumplir con las «cuotas» institucionales, que miden el trabajo policial y cuyo incumplimiento afecta su financiamiento”. Para compartir más detalles de la investigación, Corbelle dialogó con El Ciudadano.

– Señalás que el 15% de los casos registrados fueron procedimientos ilegales y que en un tercio hubo hechos de violencia. ¿Hubo denuncias en la Justicia al respecto?

– No, no se denunciaron en ningún caso. Algunas de estas situaciones, de hecho, ocurrieron en el marco de procedimientos ilegales que tampoco fueron denunciados. En un solo caso, las personas denunciaron que habían ingresado a su domicilio con una orden de allanamiento mal confeccionada.

–¿Qué análisis haces de que justamente entre 2016, previa de la ley de cannabis medicinal en Argentina, las causas por cultivo fueron las que más crecieron?

– En pleno debate de la ley en el Congreso, no solo aumentan la cantidad de causas por conductas asociadas al cultivo de cannabis que ingresan a la justicia federal, sino que también estas causas se van a distribuir de forma más homogénea por todo el país. Anteriormente, casi la totalidad se concentraba en 7 jurisdicciones que eran cuna de las primeras agrupaciones cannábicas del país (CABA, Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Misiones y Córdoba). En parte, el incremento guarda relación con la difusión de los beneficios terapéuticos del cannabis y ligado a ello al uso y cultivo de la planta que se dio en Argentina a partir del 2016, pero también con una creciente persecución de este tipo de conductas por parte de las policías y fuerzas de seguridad. De hecho, si bien la cantidad de causas por cultivo desciende notablemente en pandemia, luego del 2021 vuelven a crecer a niveles superiores a los del 2016. En otras palabras, durante la pandemia las policías y fuerzas de seguridad no persiguieron activamente estas conductas, pero una vez finalizada volvieron a hacerlo y con mayor intensidad.

Subregistro de causas contra personas que cultivan en Argentina

En su investigación Corbelle aclara que se desconoce la realidad de cuántas personas fueron perseguidas por cultivar cannabis en Argentina, ya que entre 2005 y 2020 un total de 8 distritos (uno de ellos CABA) adhirieron a la ley de desfederalización, llevando parte de las infracciones contra la ley de drogas de la justicia federal a los juzgados de cada distrito. Según escribió la antropóloga, los operadores judiciales suelen retener las causas de cultivo –que deberían ir al fuero federal– imputando a las personas por tenencia simple o para comercialización.

Según Corbelle, con excepción a CABA, Buenos Aires y Entre Ríos, las demás jurisdicciones no producen o no publican datos sobre cómo avanza su desfederalización. Hasta 2020 los distritos que habían desfederalizado eran Buenos Aires, CABA, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero. Años posteriores, y ya sin ser incluidos en la investigación de Corbelle, otras jurisdicciones siguieron ese camino como Jujuy y Tucumán. “No sabemos efectivamente cuántas causas pasan por esas justicias provinciales por infraccionar la ley de drogas y mucho menos, obviamente, cuáles son por cultivo”, dice Corbelle.

La última provincia en adherir a la desfederalización fue Santa Fe, cuando la Legislatura, a instancias del nuevo gobernador Pullaro, votó la ley N.º 14.239, donde, entre otras obligaciones, define que recién a fines de 2025 debe presentar informes sobre el curso de la nueva política a diputados y diputadas de la provincia. Y desde allí a la ciudadanía, a la que también puede interesar los resultados de la política del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la mesa de microtráfico, desde donde declararon que no iban a perseguir a personas consumidoras de drogas de venta ilegal o que cultiven dentro de los parámetros del Reprocann.